Se profundiza colapso económico-institucional

Las malas noticias económicas e institucionales se suceden una tras otra. Ayer se conoció que la economía peruana ha registrado su peor resultado en diez años, con un crecimiento de apenas 1.08% en el segundo trimestre. Los datos señalan que solo hubo cifra peor entre julio y setiembre del 2009, con 0.2%. Entre las causas del retroceso están la contracción de la producción minera (-3.01%) y de la producción agropecuaria, luego de más de dos años de constante expansión. 

A este paso —como ya lo ha reconocido en el Congreso el ministro de Economía, Carlos Oliva— la economía apenas sobrepasará el 2% de expansión. Si a este hecho le sumamos que luego de los audios en que el presidente Vizcarra se compromete a suspender la licencia de construcción del proyecto Tía María, se ha desencadenado la huelga contra Quellaveco en Moquegua y el bloqueo de gran parte del Corredor Minero del Sur, entonces no es exagerado sostener que la anarquía comienza a extenderse en el país.

Cuando el principio de autoridad de la democracia se debilita o pulveriza, la idea del Estado en base a una Constitución, leyes y procedimientos, como se dice, vuela por los aires. Y algo de eso ya comienza a pasar en el Perú luego de los audios presidenciales y el hecho macizo de la suspensión de una licencia minera que había sido otorgada de acuerdo a la Constitución y las leyes. Hoy todos los sectores antisistema se sienten empoderados para desarrollar sus respectivas estrategias, y la mayor estrategia de los colectivismos y comunismos ahora pasa por paralizar la producción de cobre del Corredor Minero del Sur.

Detener la producción de Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay y Constancia, entre otros proyectos mineros, es la manera más directa de acelerar el colapso económico e institucional del país. ¿Por qué? Bloquear más del 50% de los envíos nacionales de cobre le restaría entre 1 y 1.5 puntos al PBI; es decir, virtualmente colocar a la economía en recesión. 

¿Qué significa la posibilidad de una recesión en medio de la guerra política y el colapso de las instituciones? La respuesta parece sencilla: en el sentido común comenzaría a gestarse la idea de que la actual Carta Política no sirve para resolver el conflicto político mediante el funcionamiento de las instituciones. Si a este hecho le sumamos una economía en recesión, las cosas se complican en extremo. ¿Alarmismo? Hoy hablamos de crecer un poco más de 2% porque hay inversiones en curso; sin embargo, en el 2020 ¿qué empresa o actor económico se atreverá a invertir en un país en caos económico e institucional? En una economía cercana a la recesión y con la pobreza volviendo a aumentar, la libertad económica se sentará en el banquillo de los acusados y, de esta manera, se creará un momento constituyente.

¿A qué vamos? La imposibilidad de encontrar una salida a la crisis política, institucional y económica del país, de una u otra manera, puede comenzar a legitimar la convocatoria a una asamblea constituyente para crear un nuevo sistema político y establecer un régimen económico anticapitalista. De allí que al Congreso le corresponda una enorme responsabilidad en la presente coyuntura: si no asume las prerrogativas que le concede la Constitución para resolver la crisis política, entonces cargará con la corresponsabilidad del hundimiento de la presente experiencia republicana. Avisados estamos.