Se lanza la asonada en el sur

Tal como lo hemos informado, los días 6 y 7 de mayo se reunieron en Moquegua líderes y organizaciones antimineras en el denominado “VI Encuentro Macroregional de los Pueblos del Sur y Nacional afectados por la Minería”. Entre las principales conclusiones del evento está la organización de un paro general en las regiones del sur antes de la segunda vuelta. Esta reunión, que concentró a varios dirigentes antimineros y radicales, sirvió también como plataforma electoral para apoyar al candidato extremista Pedro Castillo de Perú Libre, el candidato comunista.

El “Acta de Moquegua”, tal como se denomina a los acuerdos de la reunión, representa una auténtica amenaza a las inversiones mineras, en especial de las regiones del sur. ¿Por qué lo decimos? Porque en uno de los compromisos se indica claramente el inicio de una campaña de demonización y diversas “acciones legales” y políticas contra los principales proyectos y operaciones mineras en el sur. Quellaveco, Tía María, San Rafael, San Gabriel, Las Bambas y Cuajone, todas minas en proyecto u operación, están en peligro no solo por las acciones que se vienen contra ellas, sino también porque de ganar Pedro Castillo serían liquidadas. 

Vale recordar que en ninguno de los compromisos de los otros encuentros previos de líderes (ha habido cinco) se acordó explícitamente el inicio de una persecución social contra dichas operaciones mineras. Otro acuerdo importante de este Encuentro Macrorregional es la decisión de realizar un paro en las regiones del sur antes del fin del proceso electoral. Solo falta la definición de la fecha exacta, que será hecha en los próximos días.

En el evento estuvieron los mismos personajes que suelen organizar paros y protestas violentas contra las empresas mineras en las regiones del sur. Desde radicales ideológicamente marxistas hasta brokers y asesores, expertos en fabricar conflictos. Uno de ellos es el famoso abogado Iván Ovalle, quien por muchos años ha sido “asesor” de varias de las comunidades aledañas a Las Bambas (junto a los hermanos Chávez Sotelo) y quien se ha labrado una historia anti inversión con respecto a proyectos mineros en Moquegua y Apurímac. 

Asimismo, otro animador del evento fue Jesús Paredes, quien leyó el acta de los acuerdo, un conocido ex militante de Patria Roja y que hoy lidera las protestas contra Quellaveco. Otros promotores que también estuvieron presentes son Pablo Charca, ex candidato al Congreso, y varios delegados de regiones de Apurímac, Cusco y Ayacucho.

Estamos entonces frente a una amenaza contra las inversiones mineras en el sur y el inicio de una larga “agitación directa de masas” contra el sector minero, en especial. No es exagerado sostener que de llegar Pedro Castillo a la Presidencia de la República, el proyecto de nacionalizar y expropiar las minas tendría en estas movilizaciones que describimos a los principales soportes sociales. 

Al margen de los derechos que los líderes o colectivos tienen, el Estado debería ver con mayor atención lo que sucede con esta evidente movilización contra las inversiones mineras, que forma parte de una estrategia insurreccional de las diversas corrientes comunistas que actúan en el país.