Se generalizan bloqueos en el Corredor Minero del Sur

El fin de semana pasado, luego de solucionarse parcialmente el conflicto de Las Bambas, pobladores de la comunidad de Tacrara —distrito de Coporaque, en la provincia de Espinar (Cusco)— bloquearon por algunas horas la vía regional que pasa por la mencionada localidad, una vía que utiliza la mina Constancia (de Hudbay) para trasladar el mineral al puerto de Matarani.

Durante años la minera Hudbay ha sostenido relaciones envidiables con las localidades que rodean la mina. Sin embargo, luego de lo sucedido en Las Bambas los sectores antimineros (o simples extorsionadores) pretenden manipular el legítimo descontento de la gente frente al fracaso del Estado que no puede convertir la riqueza minera en carreteras, escuelas y centros de salud. El objetivo: enfrentar a las poblaciones con la minería moderna.

En el intento de crear un conflicto en Coporaque se repite el mismo software que desarrollaron los hermanos Chávez (hoy detenidos) en Las Bambas. Existe una carretera de cinco kilómetros —declarada por el Estado como vía vecinal— que pasa por Coporaque y que es considerada parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina. De pronto, aparecen supuestos asesores que azuzan a la población: César Quispe Puma, procurador de la municipalidad de Coporaque, y Yuri Paredes Ochoa de la zona de Chalhuahuacho. Se inventan una serie de leyendas: que los carros levantan polvo cuando la vía está varios kilómetros del pueblo, y que de los camiones se cae el mineral cuando los camiones transportan la producción con tolvas herméticamente encapsuladas, entre otras.

La actuación del Gobierno de Vizcarra tiene mucho que ver con la posibilidad de que los bloqueos se generalicen en el Corredor Minero del Sur, área donde se produce cerca del 60% de la producción de cobre del país. El Ejecutivo, por ejemplo, durante las negociaciones en Apurímac, aceptó que toda la provincia de Chumbivilcas podía ser considerada área de influencia de Las Bambas, contraviniendo el EIA de la respectiva mina. De otro lado, en el conflicto de Coporaque, el jefe de la región policial del Cusco, coronel PNP Wilbert Leyva Durand, señaló que la minera no tenía derecho a usar la vía vecinal, no obstante que el EIA si lo contempla directamente.

El Estado, pues, actúa a tontas y locas en el Corredor Minero del Sur, un área considerada como una con las mayores reservas de cobre del mundo. Es evidente que las comunidades y localidades adyacentes y cercanas a los proyectos mineros están más que irritadas porque el Estado no ha sido capaz de redistribuir la renta minera. En general el Estado se llena los bolsillos cobrando los impuestos que pagan las minas, pero no construye carreteras, escuelas, centros de salud y la infraestructura que aumente el bienestar. En este contexto surgen algunas poblaciones adyacentes a las mineras que se transforman en sociedades del siglo XXI, con infraestructura y servicios de primer mundo. Sin embargo estas islas de prosperidad están rodeadas de atraso y pobreza.

El fracaso del Estado, pues, es la única explicación de la alta conflictividad alrededor de las minas del sur. ¿Cómo es posible que minas de talla mundial, como Las Bambas y Constancia, desarrollen discusiones con las poblaciones cercanas por las vías para trasladar el mineral? Cualquier otro Estado medianamente moderno del planeta habría construido un sistema de ferrocarriles para transportar el mineral de una de las zonas con mayor potencial para explotar cobre.

En este contexto, aparece el radical antiminero con agenda ideológica anticapitalista —que necesita atraso, recesión y pobreza para ganar— o el simple extorsionador que manipula para llenarse los bolsillos de plata. A estos sectores no les interesa erradicar pobreza, por eso en vez de promover alianzas entre las poblaciones y las compañías mineras (para exigir que el Estado cumpla sus responsabilidades en la redistribución de la riqueza minera), fomentan las campañas contra la minería moderna y las inversiones en recursos naturales. Terrible.