¡Salvo el padrón, todo es ilusión electoral!

Hasta el cierre de esta edición, la movilización de ciudadanos en defensa de la Constitución y la transparencia electoral seguía creciendo como una ola indetenible. Los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas realizaban una soberbia manifestación de miles de ciudadanos exigiendo el respeto al voto y señalando su decisión inquebrantable de luchar contra el comunismo. 

Las amenazas del presidente Sagasti y del Ejecutivo de judicializar a los militares en retiro por ejercer su derecho a la opinión –al margen de lo correcto o no de ellas– con respecto al proceso electoral produjeron el efecto contrario. Ya no se trataba de un pronunciamiento de decenas de oficiales en retiro –a través de 17 páginas–, sino de miles de ciudadanos reunidos y protestando en las calles. El martes, entonces, continuaba la enorme movilización de masas –la más grande de las últimas dos décadas– que se escenificó el sábado pasado en la Avenida de la Peruanidad.

En otras palabras, la emergencia ciudadana continuaba en crecimiento, en vez de amainar, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) seguía negándose a contrastar las actas impugnadas, las observadas por la Oficina de Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las que tenían demanda de nulidad. Es decir, el JNE se niega a desarrollar el procedimiento normal que cualquier corte o juez materializaría para establecer la verdad electoral. 

El único argumento del JNE para oponerse a contrastar las actas cuestionadas con el padrón electoral es que podía abrirse un proceso engorroso que pondría en peligro la proclamación del jefe de Estado antes del 28 de julio. ¿En peligro? Las elecciones actuales ya están enrarecidas por las innumerables irregularidades denunciadas en las mesas y la extraña conducta de la autoridad electoral, que genera la impresión de que el suelo nunca estuvo parejo.

En ese sentido, el contraste entre las actas cuestionadas y el padrón electoral es el único mecanismo que podría devolverle confianza y predictibilidad al proceso electoral. Dejaría en claro que el hecho de que el JNE solo tenga cuatro miembros, en vez de cinco, solo se explica por las guerras institucionales del Colegio de Abogados de Lima y no por una estrategia deliberada de un sector para controlar con malas artes el proceso. Igualmente, aclararía que la inclinación de la ONPE a observar en mayor proporción a los bolsones electorales de Fuerza Popular es un asunto aleatorio y no definitorio del actual curso electoral. 

El JNE, entonces, tiene las herramientas para devolverle credibilidad a las instituciones y acabar con la polarización: establecer la verdad electoral mediante el contraste de las actas cuestionadas con el padrón electoral, sobre todo considerando que las distancias entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular es apenas de décimas de un punto. Es decir, algo de 40,000 votos, cuando está en disputa cerca de medio millón de votos.

Por todas estas consideraciones, la única manera de devolver la calma al país es colocando el padrón electoral sobre la mesa. ¿Por qué la negativa? A estas alturas nadie lo entiende, a menos que se intente ocultar algo grave. Finalmente, todos sabemos que, tarde o temprano, la verdad emergerá y quienes se negaron a contrastar las actas cuestionadas con el padrón electoral serán los directos responsables de la desinstitucionalización del país.

En este contexto, parafraseando un viejo aserto comunista para convertirlo en uno a favor de la democracia y la libertad, hoy cabría decir que ¡salvo el padrón electoral, todo será ilusión electoral!

Sin el padrón electoral de por medio, las autoridades de la ONPE y el JNE serán los responsables de uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia republicana, no obstante que el Perú se había convertido en una promesa latinoamericana y mundial.