Sagasti obligado a defender el orden público, la Constitución y la ley

Al margen de los resultados electorales, el proceso de construcción republicana enfrentará una situación crítica frente a la estrategia de las corrientes comunistas, colectivistas y progresistas, que buscarán convertir a la calle en el gran elector, tal como sucede en Colombia y ha acaecido en Chile. Ante esta situación la administración Sagasti tiene un mandato sagrado y constitucional: mantener la vigencia de la Constitución y la ley, porque sin orden público no hay libertad.

Como todos sabemos, por ejemplo, el VI Encuentro Regional de los Pueblos del Sur y a nivel nacional “afectados por la minería” y “los sindicatos emergentes” en el sector agrario, están intentando convocar huelgas generales luego de conocidos los resultados electorales. E igualmente ya conocemos las estrategias y las tácticas de Perú Libre y el Movadef porque, de alguna manera, la campaña de la segunda vuelta se ha convertido en un gran taller nacional sobre comunismo, colectivismo y progresismo.

En este contexto, ya sabemos que estas corrientes suelen desarrollar una estrategia electoral; es decir, buscan llegar al poder utilizando la Constitución y las instituciones para luego dinamitar la libertad desde adentro. Sin embargo, el epicentro de su estrategia es la construcción de un poder alternativo al sistema republicano, motivo por el cual desarrollan todas las formas de acción directa para convertir a la calle y los nacientes soviets en los grandes electores y forzar una asamblea constituyente.

¿Por qué subrayamos la obligación de la administración Sagasti de defender la constitucionalidad? Por la sencilla razón de que el gobierno de Francisco Sagasti en este terreno ha sido nefasto y extremadamente destructor. Con el descabezamiento de 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en contra de la ley, y cuando el Ejecutivo asumió el relato de las oenegés de izquierda que demonizan el papel de la PNP en la defensa del orden público, de una u otra manera el gobierno le entregó la calle al extremismo y al vandalismo.

Luego de esta barbarie institucional contra la policía, todos contemplamos absortos cómo 3,000 activistas bloqueaban las carreteras y pretendían ahorcar el flujo de entradas y salidas de mercancías a la capital. Y todos nos quedamos alelados ante el hecho de que la acción de las minorías violentistas lograba derogar la Ley de Promoción Agraria –la mejor ley económica de las últimas décadas, que explica el boom agroexportador peruano en el mundo– con la colaboración de la mesa directiva del Congreso, el Ejecutivo y el irreconocible Ministerio de Economía de Waldo Mendoza. El daño causado es devastador, y continuará en el tiempo con la competencia feroz que se ha abierto en los sectores radicales para organizar sindicatos agrarios gracias a la “propuesta pro trabajadora de los morados”.

Por todas estas consideraciones es legítimo preguntarse cuál será la conducta de la administración Sagasti frente a la nueva ofensiva de masas, frente a esta especie de “insurrección de junio” que lanzarán las corrientes comunistas, colectivistas y progresistas, bajo el consejo de cubanos, argentinos y venezolanos. Si se vuelve a asumir el relato frívolo de las oenegés de izquierda, no nos cabe duda de que el gobierno de Sagasti estará incurriendo en todas las infracciones más graves a la Constitución. Una conducta semejante no puede ser tolerada una fracción de segundo, porque sería entregar la República al mismo caos que hoy consume la democracia y la economía en Chile y Colombia.

Las preguntas al Ejecutivo entonces son absolutamente válidas. Pero esas mismas preguntas son válidas para todos los partidos representados en el actual Legislativo. ¿Qué actitud se asumirá si el Estado se derrumba frente a la acción insurreccional en curso? En cualquier caso, ya no hay espacio para la frivolidad oenegera.