Rondas: fuerza de choque de antimineros

Sobre el uso de la violencia para sabotear el modelo económico

La defensa de la ONG de izquierda Grufides a ronderos que, con el pretexto de hacer “justicia popular”, secuestran y golpean a autoridades, pobladores y trabajadores mineros, confirma que el ecologismo radical y antiminero utiliza a las Rondas Campesinas como fuerza de choque para intimidar y agredir.

El caso más emblemático se está juzgando en Cajamarca contra 16 miembros de las Rondas Campesinas de Celendín que secuestraron y maltrataron hace tres años a Luis Castañeda Pisco, gobernador del distrito de Sorochuco, y Pedro Zamora Rojas, gobernador de la provincia de Celendín, en venganza porque ellos y los habitantes de esas y las demás localidades adyacentes al proyecto Conga apoyan de manera decidida ese emprendimiento minero.

Los ronderos son procesados en libertad, pese al grave delito que se les imputa: secuestro agravado, que tiene una pena de hasta 35 años de cárcel. Lo extraño es que el proceso marcha demasiado lento. Las dos últimas audiencia del juicio fueron programadas para el 3 de septiembre y el 29 de octubre, es decir casi dos meses después. ¿Cediendo a las presiones radicales?

Otro juicio en curso contra dos ronderos que secuestraron a un ingeniero y a sus hijos, en el distrito de Oxamarca, también está marchando a paso de tortuga. Según la prensa cajamarquina, este proceso fue suspendido dos veces consecutivas porque “faltan jueces para completar la sala”.

La abogada defensora de los ronderos, en ambos casos, es Mirtha Vásquez, funcionaria de la ONG Grufides del antiminero Marco Arana, que desarrolla actualmente una campaña mediática y de agitación social intensa, para impedir la construcción de las hidroeléctricas Chadín, Río Grande I y Río Grande II, con el pretexto de la defensa del ambiente.

El ingeniero y sus hijos fueron detenidos contra su voluntad y llevados a Oxamarca, donde los interrogaron desde las seis de la tarde hasta las 11 de la noche, acusándolo de comprar tierras y de promover la hidroeléctrica Río Grande. A pesar de semejante atropello, la abogada Vásquez repite en todos los medios que el juicio es un “abuso de autoridad”. Pero estos son dos casos de muchos otros que a veces no son denunciados por temor a represalias.

Mientras tanto, Grufides está difundiendo por las radioemisoras de Cajamarca un spot propagandístico que dice lo siguiente: "Hemos escuchado que las hidroeléctricas traen desarrollo y energía a los pueblos, pero lo que no han dicho es que traerá atraso, destrucción  y desplazamiento de miles de personas. Además esta energía servirá solo para los grandes proyectos mineros como Conga. Sí estamos de acuerdo con el desarrollo, pero sin matar nuestros ríos. Campaña Marañón río vivo, Marañon sin represas”.

Como se aprecia, la verdadera preocupación de Grufides es que no haya energía para la minería, aunque ello implique que tampoco haya para miles de habitantes de Cajamarca y Amazonas que viven hoy sin ese recurso fundamental para su desarrollo social y económico. Todo con tal de alcanzar su objetivo mayor: liquidar el modelo económico que reduce pobreza y sustituirlo por el estatismo que reparte miseria. El cálculo político por delante.

Lo cierto es que solo Chadín creará más de dos mil puestos de trabajo durante su construcción, generará 700 megavatios de energía (10% de la producción nacional) y contará con un gran embalse de agua que asegurará el abastecimiento de ese recurso durante todo el año a muchas poblaciones que hoy tienen agua solo en temporada de lluvias.

Por cierto, las autoridades y pobladores de Amazonas apoyan de manera decidida el proyecto, pero esto tampoco les importa a los antimineros de Cajamarca, que no tienen reparos en recurrir a la violencia para alcanzar sus fines.