Rondas campesinas como fuerza de choque

Intentan equipararlas jurídicamente con las comunidades campesinas

Desde este portal sostenemos que, en la práctica —y sobre la base del artículo 149 de la Constitución—, las rondas campesinas a han subordinado a la organización de las comunidades campesinas, y sobre todo han asumido funciones por encima de los jueces, la policía y todas las autoridades del Estado. Pero eso no es lo único, también hemos advertido sobre el carácter antisistema de las rondas, que son utilizadas por el extremismo de izquierda como fuerzas de choque; por ejemplo, contra la continuidad de los proyectos mineros. De allí que no se entienda la paralización de varios proyectos mineros —Río Blanco, Conga, Michiquillay, Galeno— sin el accionar, a veces violento, de las rondas campesinas.

Cabe aclarar lo siguiente: las rondas campesinas han logrado supeditar a la organización comunal, cuando debería ser lo contrario. ¿Por qué lo afirmamos? Si bien en la Ley de Rondas Campesinas (Ley Nº 27908) se señala que estas son “una forma autónoma y democrática de organización comunal”, sucede que, en la práctica, en las comunidades campesinas todo el poder se concentra en los dirigentes ronderiles, y no en la directiva comunal. El artículo 5 del reglamento de la Ley Nº 27908 dice claramente que “las comunidades campesinas (…) están facultadas a constituir dentro del ámbito de su territorio, una sola Ronda Campesina (…) la que se forma y sostiene a iniciativa exclusiva de la propia comunidad (…) donde la Ronda Campesina está subordinada”. Entonces el panorama está más claro: ¡hoy las rondas tienen todo el poder!

Como hemos afirmado, continúa la estrategia del radicalismo de izquierda para poner a las rondas campesinas y las comunidades campesinas en un mismo nivel y marco jurídico. En Cajamarca, el consejo del Gobierno regional aprobó una ordenanza regional que declaró que en Cajamarca “habitan pueblos originarios e indígenas”, y que “a las rondas campesinas, comunidades campesinas y comunidades nativas les corresponde la aplicación del marco jurídico de los derechos de los pueblos indígenas”. Con esta normativa se pretende que las rondas campesinas sean una organización autónoma de la comunidad campesina. A lo anterior podemos añadir un comunicado de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas (Cunarc) en el que se sostiene que “las rondas campesinas han devenido en un movimiento rondero autónomo, democrático y (…) son nuevas formas de organización del campesinado, en igualdad de condiciones que las comunidades tradicionales”. Todo ello indica que existe una estrategia para igualar jurídicamente a las rondas y las comunidades.

Esta pretensión de equiparar a ambas organizaciones tiene un fondo: el movimiento antisistema quiere utilizar independientemente a las rondas para que sean su fuerza de choque. ¿Qué significaría ello? Que las rondas campesinas actuarían sin el consenso de la organización comunal. Ahora bien, en cuanto a la paralización de algunos proyectos mineros, afirmamos que sin el accionar de las rondas campesinas no habría sido posible. En Cajamarca las rondas campesinas tienen una estructura regional en la que el liderazgo es ejercido por directivos afines a Gregorio Santos, ex gobernador regional y un conocido antiminero. Ydelso Hernández, quien por años fue el presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas de la región Cajamarca, fue un operador contra el proyecto Conga. Hoy Carlos Sánchez Terrones, el nuevo presidente de la federación, es un alfil de Santos. Y vale recordar que en la provincia de Bambamarca, donde se ubica el Proyecto Conga, Edy Benavides fue el vicepresidente de la Ronda Campesina de Huagayoc-Bambamarca. Benavides fue uno de los principales líderes contra la ejecución de Conga.

Ante el intento de dar legalidad a esta fuerza de choque contra los proyecto mineros, el Gobierno pepekausa debe estar alerta. Existe una estrategia contra las inversiones y la prosperidad del Perú. Y hay que decirlo.