¡Reformar el Estado para acelerar la reconstrucción!

Consenso nacional para acelerar inversión pública y privada

Hasta antes de los huaicos y las lluvias —que han causado 90 muertos, más de 120,000 damnificados, 742,000 afectados y 29,000 viviendas destruidas— la economía aparecía ensombrecida, enfriada. Las denuncias del caso Lava Jato terminaron paralizando la mitad de los US$ 18,000 millones que el gobierno se había propuesto destrabar en obras de infraestructura, mientras la inversión pública y privada seguían cayendo.

Los desastres naturales, sin embargo, parecen haber producido un milagro: un Estado que reacciona con prontitud y un sector privado que demuestra una solidaridad inusitada. De pronto, Estado y sector privado enfrentan las emergencias y, entonces, ¿por qué no convertir la reconstrucción en el momento de la reforma del Estado y el relanzamiento de la inversión privada?

Antes de continuar vale detenerse en la reflexión de César Peñaranda, del Instituto de Economía y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima (IED-CL), quien señala que no solo se trata de reponer la infraestructura destruida, sino de elaborar los estudios —con apoyo internacional— sobre la infraestructura que el Perú necesita hacia el siglo XXI, tanto para evitar vulnerabilidades frente a los desastres naturales como para acrecentar la competitividad de nuestra economía. Por ejemplo, hoy se ha planteado una nueva Carretera Central alejada de la ribera de los ríos. Bueno, pues, se necesitan estudios serios.

De otro lado se requiere, sobre la marcha, cuantificar el valor de los daños causados por los desastres naturales para empezar la obra. Diversos economistas hablan de sumas entre US$ 3,000 millones y US$ 4,000     millones, mientras en el IED-CCL se establecen montos entre US$ 4,000 y 6,000 millones. Bueno, pues, ya es hora de tener las sumas reales.

Considerando que el Fondo de Estabilización Fiscal tiene recursos de US$ 8,000 millones que pueden ser destinado a estas contingencias, el problema no parece demasiado grande. Sin embargo, sería un terrible error creer que solo el Estado puede ser el protagonista de la reconstrucción; sería caer en la ceguera ideológica de la izquierda, que no entiende que un Estado que reconstruye sin el protagonismo del sector privado es un Estado empresario que se derrumba en todas partes por las ineficiencias y la corrupción.

De allí, por ejemplo, la preocupación de Julio Velarde, presidente del BCR, quien plantea la necesidad de entrar a “una etapa acelerada de reconstrucción” no solo para aliviar el sufrimiento de miles de compatriotas, sino también para evitar riesgos de escenarios recesivos para el futuro del país. El presidente del BCR acaba de señalar que un expediente técnico para un puente demora cinco meses y para una carretera asfaltada tres. ¡No puede ser! El gobierno, la oposición y la sociedad, están en la ineludible obligación de reformar el Estado para acelerar la reconstrucción. Aquí vale la pena plantear la siguiente pregunta: ¿reconstruimos en dos o en seis años?

La respuesta es evidente: necesitamos reconstruir en dos años para aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos afectados y para evitar posibles recesiones. Sin embargo nada es posible sin la reforma del Estado para convocar al sector privado y agilizar las inversiones.

Si bien la administración PPK ha dado pasos importantes en la simplificación de los procedimientos administrativos, si bien ha realizado importantes ajustes a la legislación sobre las asociaciones público privados, todo es insuficiente. Necesitamos, pues, acelerar la reforma del Estado para acelerar la reconstrucción.

Aunque parezca mentira acelerar la reconstrucción nos permitiría acrecentar la competitividad de nuestro país resolviendo la debilidad institucional del Estado en relación con el sector privado, resolver gran parte del déficit de infraestructuras e, incluso, aprobar una legislación laboral de emergencia, muy flexible y de acuerdo a los estándares de los países más competitivos, para lanzar un plan audaz de empleo en el proceso de la reconstrucción nacional. El caso chileno es paradigmático: la reconstrucción le permitió al país del sur bajar la tasa de desempleo, y al siguiente año del terremoto del 2010 logró crecer en 5.8% del PBI.

Como se aprecia, la reconstrucción puede ser la gran oportunidad para emprender las reformas de segunda generación que el Perú necesita para evitar la trampa de ingresos medios en que han caído todas las sociedades que abandonan la pobreza y se resisten a hacer reformas.