Las bancadas de la centro derecha –entre ellas Fuerza Po...
Todos los sectores republicanos que defienden la libertad deben permanecer impasibles en la defensa del voto expresado en las últimas elecciones. Nada debe alterar esa decisión. Ni los intentos de judicializar la política ni las veladas amenazas de desatar el caos y la violencia en las ciudades. Tampoco nadie debe caer en las provocaciones de los presidentes bolivarianos de América del Sur, que lanzan comunicados públicos reconociendo al supuesto ganador de las elecciones nacionales.
Hasta que no se contabilice la última acta de sufragio las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no deben proclamar un ganador, como lo ordena la Constitución y la ley. En las más de 1,300 actas –entre impugnadas y observadas– y más de 800 actas con solicitud de nulidad existen alrededor de medio millón de votos en disputa, en precisos momentos en que en el cómputo de la Organización de Procesos Electorales (ONPE) apenas existen décimas porcentuales de diferencia entre el candidato Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular.
Ante esta situación, tal como lo venimos señalando, los sectores republicanos deben redoblar la serenidad frente a la ola de provocaciones que se levantan desde diferentes sectores. Serenidad porque debemos exigir que el JNE cumpla con la sagrada obligación de revisar las actas que no han ingresado al cómputo y también aquellas con demanda de nulidad. Serenidad también porque debe haber plena consciencia acerca de que el Perú está dividido en dos mitades y que –al margen del programa comunista, autoritario y colectivista de Perú Libre– todos estamos en la obligación de buscar caminos de convergencia y reconciliación para evitar que la polarización y el caos social se apoderen del Perú.
Sin embargo, la serenidad y la prudencia deben ir acompañadas de la firmeza en la defensa de la Constitución, las instituciones y el orden público. En momentos límites como el actual, los ciudadanos y los actores de una República deben aferrarse con uñas y dientes a su texto constitucional. En ese sentido, la vigilancia ciudadana que desarrollan los sectores que defienden la libertad debe orientarse a respaldar la decisión de la autoridad electoral de hacer respetar el voto popular.
De otro lado, la firmeza irrenunciable de la defensa de la Constitución también debe implicar el rechazo a la estrategia bolivariana que pretende proclamar un ganador antes de que se pronuncie el JNE, con el objeto de crear la percepción de una falsa victoria y luego denunciar un fraude en la elección. El objetivo: convertir a la calle y a la ola de violencia en el gran elector del país, con el objeto de forzar la convocatoria de una asamblea constituyente, tal como ha sucedido en Chile y tal como se busca perpetrar en Colombia. No lo permitamos. Y al margen de la debilidad de nuestras instituciones republicanas, cualquier conflicto existente debe resolverse a través de ellas.
El actual momento político e institucional es uno de los más dramáticos de nuestra historia republicana, y se produce en el preciso momento en que nos disponemos a celebrar los acontecimientos del Bicentenario de la Independencia. Tal como se presentan las cosas, todo indica que el sueño republicano se ha convertido en un verdadero fracaso. No lo permitamos sin renunciar a la serenidad en la defensa del sufragio electoral y la firmeza en la defensa de la Constitución, la ley y las instituciones.
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