Reconstrucción y acuerdo nacional

El Perú necesita reformas de segunda generación

Para nadie es un secreto que el crecimiento económico en el 2017 se desacelerará por efecto de las lluvias y huaicos que azotaron el norte del Perú, y por la paralización —por el caso Lava Jato— de cerca de la mitad de los US$ 18,000 millones que el gobierno se había propuesto destrabar en obras de infraestructuras. En este escenario, las predicciones señalan que la expansión del PBI será del orden del 3% o menos. En otras palabras, este año el país volverá a ser una sociedad que aumenta pobreza, porque el crecimiento de la economía no logrará absorber la demanda de 250,000 puestos que se agregan anualmente a la población económicamente activa.

Semejante situación se presenta en medio de una caída sostenida de la inversión privada en el país y la evidente incapacidad del Estado de incrementar la inversión pública. Para emprender la reconstrucción las propuestas van y vienen: desde aumentar el techo del déficit fiscal —de 2.5% del PBI a 3%— y desarrollar una política de endeudamiento público hasta el 25% del PBI. También se ha recomendado profundizar la simplificación administrativa que el Ejecutivo ha iniciado y terminar de ajustar la legislación sobre asociaciones público privadas y obras por impuestos, entre otras medidas

Igualmente, otra de las recomendaciones fundamentales es que el gobierno desarrolle un diagnóstico y sume el monto total de los daños (se habla entre US$ 4,000 y US$ 6,000 millones) para iniciar el proceso de reconstrucción.

Sin embargo empieza ya a ser un lugar común que no se puede desligar la reconstrucción del relanzamiento del crecimiento económico. En realidad, son las dos caras de una misma moneda. Pero también empieza a ser parte de la reflexión la idea de que es imposible acelerar la reconstrucción y relanzar la economía si es que el Perú no avanza en mayores niveles de competitividad. Es decir, si no se propone abordar las reformas de segunda generación.

Avanzar en simplificación administrativa, reconstruir y construir la infraestructura nacional de cara al siglo XXI, por ejemplo, son ejes fundamentales para que el Perú logre mayor competitividad. No solo se trata de entonces de reparar el daño y que las ciudades vuelvan a la normalidad, sino que, sobre todo, se necesitan nuevas carreteras, puentes y una nueva concepción del espacio urbano para el siglo presente. En ese camino, por ejemplo, la competitividad de la costa norte pujante debería aumentar considerablemente.

Lanzar este tipo de reformas demanda una gran concertación nacional entre el Ejecutivo y el Legislativo; o para ser más precisos, un nivel de entendimiento superior entre el pepekausismo y el fujimorismo. A diferencia de la mayoría del humor mediático, en este portal creemos que el pepekausismo es el actor que pierde más por esta falta de convergencia, y por supuesto también el país. En una sociedad en donde las demandas exceden la capacidad de oferta estatal, la oposición siempre será beneficiada por las circunstancias. Y a estas alturas del partido, la principal responsabilidad de esa falta de confluencia política es del Ejecutivo que, de acuerdo a la Constitución y las leyes, es el poder del Estado que concentra la iniciativa política.

Un nivel de convergencia entre Ejecutivo y Legislativo, de una u otra manera, es la base para lanzar reformas de segunda generación para enfrentar la reconstrucción y relanzar la economía. Por ejemplo, en el Congreso se podría aprobar una legislación laboral de emergencia, muy flexible, para generar miles de empleos formales en todo el proceso de reconstrucción. Semejante legislación podría convertirse en el gran laboratorio en el que se compruebe la eficacia de una legislación laboral menos costosa, a partir de la cual se podría emprender la reforma de toda la legislación laboral del Perú. Como se ve, sin acuerdo nacional solo se administrará la crisis.