¡Rechazar el paquete tributario para garantizar las libertades!

Ya se ha comentado hasta la saciedad acerca de los peligros que entraña que el Congreso otorgue facultades al Ejecutivo para legislar en materias tributarias, financieras y de reactivación económica, considerando el nulo compromiso del Ejecutivo, y ahora del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la reactivación económica.

Asimismo, se ha escrito en abundancia sobre los asuntos técnicos y económicos que justifican el rechazo al paquete tributario. Sin embargo, vale subrayar que proponer aumentar impuestos a ciudadanos y empresas en momentos en que –todas las proyecciones así lo señalan– la inversión privada podría caer hasta en dos dígitos en el 2022, simplemente es echar gasolina al enorme fuego de la contracción económica que se avecina.

Aumentar impuestos a ciudadanos y empresas cuando se avanza a crear un escenario recesivo absolutamente artificial es coherente con los anuncios de la administración Castillo de convocar a una asamblea constituyente y promover nacionalizaciones de las inversiones en recursos naturales. La constituyente y el paquete tributario parecer ser las dos tenazas que comienzan a liquidar a la inversión privada. ¿Qué ciudadano o qué empresa se atrevería a invertir en un país en donde el jefe de Estado sigue con la cantaleta de la constituyente y el titular de Economía propone incrementar impuestos a los pocos que tributan? Imposible.

El asunto se agrava si consideramos que –en términos conservadores– solo el 40% de los contribuyentes financian los gastos de un Estado que sigue creciendo sin ninguna relación con los ingresos y el crecimiento. En otras palabras, se pretende que la carga tributaria real de menos de la mitad de los contribuyentes sea cada vez más. 

En el caso de la minería, el discurso nacionalizador del Gobierno es absolutamente coherente con la propuesta del MEF de incrementar los impuestos a las llamadas sobreganancias mineras, no obstante que las corporaciones mineras tributan casi el 50% de sus utilidades a través de ocho impuestos. Diversos estudios señalan que la carga tributaria de la minería peruana ya es más alta que la de Chile, Canadá y Australia, países con los que competimos en captar inversiones en el sector.

No obstante que este año el Estado recibirá más de S/ 12,500 millones por contribuciones mineras (hasta mayo se había aportado S/ 8,000 millones), el Ejecutivo quiere matar a nuestra gallina de huevo de oro. 

La pregunta es, ¿para qué se quiere ahorcar al sector privado? Si el Estado (gobiernos central, regional y locales) apenas gasta el 70% de sus ingresos.  Si la minería en la última década ha transferido S/ 40,000 millones a los gobiernos subnacionales por canon, ¿en dónde están las carreteras, las postas médicas, las escuelas y los sistemas de agua y desagüe para las poblaciones de las áreas mineras? No se oye, padre. 

Si a esto le agregamos la violencia de las minorías radicales contra las inversiones mineras, ¿alguien cree que el 2022 existirá alguna nueva inversión en el sector? Imposible.

Es incuestionable, pues, que el paquete tributario es abiertamente recesivo. ¿Acaso se busca adrede detener el crecimiento para aumentar la pobreza y la irritación social con objeto de legitimar la asamblea constituyente?

Ante este contexto, la oposición debe recordar que los países que han mantenido sus sistemas republicanos durante siglos son aquellos en los que no solo se defendió el equilibrio de poderes, sino también la propiedad privada a través del rechazo abierto y firme de los impuestos confiscatorios.

Detrás de la propuesta de aumentar impuestos del MEF existe una enorme carga ideológica: se considera que la propiedad privada, en realidad, debe estar subordinada a la propiedad colectiva y los privados deben transferir recursos al Estado, al margen de la productividad de la economía. Es decir, en el fondo representa una propuesta gradualista de estatizaciones.

Por todas estas consideraciones el Congreso está en la obligación de rechazar el paquete tributario del Ejecutivo y exigir que el MEF presente un proyecto de ley por cada impuesto que pretende aumentar. De lo contrario, el Legislativo sería cómplice de la estrategia recesiva y colectivista del Ejecutivo.