Que la guerra política no destruya la economía y el aparato productivo

A estas alturas empieza a ser evidente que la proclamación del ganador de la segunda vuelta, luego de la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales, antes que establecer la paz social, desatará un nuevo capítulo de la confrontación política, institucional y social que comienza a destruir el sistema republicano. 

Las contradicciones en el JNE se trasladan a las calles y junto a las movilizaciones más impresionantes de las últimas décadas –que exigían transparencia electoral y el respeto al voto– comienzan a surgir sectores que radicalizan sus acciones. De pronto, la violencia política y social podría pasar a convertirse en protagonista de la coyuntura. Desde este portal convocamos a mantener el pacifismo y el civismo en el derecho a la protesta, y condenamos cualquier forma de violencia, venga de donde venga.

Sin embargo, aquí lo relevante es que la negativa del JNE a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales está desatando una polarización social que comienza a escapar a Perú Libre y Fuerza Popular, tal como se aprecia con los distanciamientos de los candidatos presidenciales y los movimientos políticos con respecto a las recientes protestas callejeras.

En este contexto, solo nos queda seguir invocando que se mantenga el pacifismo y el civismo en cualquier forma de protesta. Sin embargo, también es posible convocar a todos los actores políticos, a todos los sectores que protestan, a evitar que la guerra política e institucional termine destruyendo la economía y el aparato productivo. Los efectos devastadores de cualquier guerra –luego de culminada– siempre serán más fáciles de asimilar si es que se preserva la economía de una sociedad. La reconstrucción institucional y política se vuelve más viable.

En ese contexto sería fundamental que la disciplina macroeconómica y la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) se mantengan cueste lo que cueste para que el Perú no pierda ninguna de sus calificaciones internacionales, conseguidas con décadas de esfuerzo. Puede sonar a ingenuidad en medio de la polarización y la guerra política. No obstante, debería quedar en claro por qué el Perú no podría seguir en esta ruta, luego de tres décadas de significativos avances económicos. Si las cosas no son posibles por la insistencia de convocar a una constituyente de parte de Pedro Castillo y Perú Libre, entonces, que se clarifique el panorama y que la oposición que empieza a surgir entienda la enorme importancia de evitar la constituyente y mantener la continuidad del aparato productivo.

De otro lado, es importante que las clases medias –que hoy protestan contra la posibilidad de una colectivización de la economía– entiendan que la continuidad de las inversiones en minería, en agroexportaciones, en industria y turismo y en la construcción, por ejemplo, explican directamente el surgimiento de una mesocracia como nunca antes existió en el Perú. A pesar de la crisis y los devastadores efectos de la pandemia, alrededor del 50% de la población peruana sigue perteneciendo a la clase media, en tanto que la pobreza afecta a cerca del 30% de la ciudadanía.

Bueno, lo que se debería entender es que sin las inversiones en minería, en agroexportaciones, en industria, turismo y construcción, el PBI no se habría triplicado y la pobreza no se habría reducido del 60% de la población a solo 20% –hasta antes de la pandemia–, convirtiendo al Perú en una sociedad con más de la mitad de su población perteneciente a la clase media.

Preservar la macroeconomía, la autonomía del BCR y la continuidad del aparato productivo surgido en las últimas tres décadas, entonces, es fundamental para enfrentar los efectos devastadores de la actual guerra política e institucional que empieza a destruir el sistema republicano.

Salvando los cimientos económicos, la reconstrucción institucional posguerra será absolutamente posible y viable. Sin embargo, alcanzar esos objetivos solo pasa por evitar la destrucción nacional que desataría un proceso constituyente.