¿Puede existir Estado de derecho si no se cumple el indulto a Fujimori?

Más allá de las campañas progresistas en contra de los poderes constitucionales (Ejecutivo y Congreso) con el objeto de adelantar las elecciones, más allá de los estropicios de la clase política forjada con el referendo de Vizcarra y las recientes reformas electorales (niños y mochasueldos), la manera en que el Perú enfrentó el golpe de Pedro Castillo y las olas insurreccionales del verano pasado es un ejemplo continental en la defensa del Estado de derecho. A pesar de la fragilidad y la casi nula aprobación del sistema de representación, la Constitución ha prevalecido.

De alguna manera las sociedades que preservan sus cartas políticas en las pruebas más extremas son aquellas que se construyen como paradigmas democráticos. Los Estados Unidos enfrentó una guerra de secesión con cerca de un millón de muertos y, sin embargo, se logró preservar el Estado de derecho; de allí le viene la grandeza planetaria de esta gran nación desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del XXI. Semejante aproximación sirve para una interrogante crucial: ¿Puede existir Estado de derecho en el Perú si no se cumple el indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori? Creemos que no. El indulto fue otorgado por el ex presidente constitucional Pedro Pablo Kuczynksi y luego el Tribunal Constitucional lo ratificaría mediante una sentencia. Es decir, el indulto fue otorgado y ratificado de acuerdo a todos los mandatos y procedimientos establecidos en la Constitución Política de 1993, esa misma Carta Política que utilizamos para evitar la asamblea constituyente del eje bolivariano y el golpe fallido de Castillo.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que no se cumpliera el indulto que se otorgó a través del Estado de derecho. El argumento de la mencionada corte fue uno absolutamente ideológico: señaló que, en los casos de delitos de lesa humanidad no procedían los indultos. Una posición absolutamente discutible porque cuando se cometieron los delitos imputados a Fujimori, el Perú todavía no había suscrito el Tratado de Roma, que incorporó esa tipicidad penal a nuestro ordenamiento.

Si un sistema de Estado de derecho acepta una interpretación ideológica y facciosa de una corte internacional que viola la Constitución y el procedimiento que han seguido instituciones tutelares, entonces, renuncia a su naturaleza de sistema constitucional. Y eso es lo que está sucediendo en el Perú.

La estrategia del progresismo constitucional es crear un sistema en el que el gobierno, el ejercicio del poder, no provenga de la soberanía que emerge en los procesos electorales a través del voto ciudadano (elección del Ejecutivo y el Congreso), sino del control y la manipulación de las instituciones derivadas (designadas) por los poderes soberanos (electos por sufragio). De allí la permanente resistencia del progresismo –sobre todo peruano– a organizarse en partidos políticos, presentar programas y ganar elecciones.

Cumplir el indulto constitucional a Alberto Fujimori no solo tiene que ver con el Estado de derecho, sino con el futuro del sistema político. En las últimas tres décadas, no obstante la Constitución y las reformas económicas que transformaron el país, el Perú se embarcó en una guerra política sin cuartel que terminó en la elección de Pedro Castillo. Semejante polarización judicializó el sistema político con el objeto de eliminar a las fuerzas políticas anticomunistas. El resultado: el actual momento de destrucción institucional, económica y social que enfrenta el país.

Superar semejante situación requiere un gran acuerdo nacional, una gran convergencia que fomente y desarrolle políticas públicas integradoras para todos los peruanos. Sin embargo, uno de los símbolos de ese nuevo momento a construir en el Perú requiere superar el encono y la venganza que fomenta el progresismo: la muerte inclemente de Fujimori en la cárcel.

No reeditemos la historia de las guerras sin cuartel, de las guerras de exclusión con vencedores y vencidos, que suelen fomentar el comunismo y el progresismo con objeto de desarrollar sus narrativas y fábulas. Un anciano con una enfermedad terminal, con indulto constitucional, no debe morir en la cárcel, tal como lo pretende una minoría ideológica.