Prosigue la agenda autodestructiva

No obstante los estallidos sociales que golpean a los países vecinos, poniendo en peligro los procesos republicanos y el desarrollo de economías de mercado, en el Perú el Ejecutivo, las élites políticas y algunos medios de comunicación parecen empeñados en perpetuar una guerra política que no conduce a ningún lado. De la judicialización de los líderes de la oposición se ha pasado al intento de demonizar al empresariado nacional, como si no existiera conciencia de que ese tipo de campañas anti empresariales antecedieron a la convulsión social en Chile.

Es cierto que la lucha para evitar los abusos de la prisión preventiva, que violan la presunción de inocencia establecida en la Constitución, para restablecer el debido proceso en las investigaciones y cumplir las resoluciones del Pleno Casatorio de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son asuntos de primer orden. Pero también es verdad que el Perú necesita otra agenda, vinculada a las reformas económicas y sociales que posibiliten relanzar el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. Sin esas reformas la guerra política lo devorará todo y la lentificación del crecimiento, tarde o temprano, podría convertirse en recesión y el Perú volvería a ser una sociedad que aumenta pobreza y reduce el bienestar.

Bueno, ese es el escenario ideal para que las campañas anti empresariales se empaten con la desesperación social, la irritación de las clases medias precarias y, de pronto, se presente un estallido social en el que “las masas marchen contra el modelo neoliberal” y la actual Constitución que consagra el “modelo proempresarial”. En ese escenario, incluso los dos bandos que libran una feroz guerra en la judicialización de la política se verían afectados, y ni el Ejecutivo ni la oposición democrática tendrían márgenes de juego. Por todas estas consideraciones, es urgente poner en la mesa una nueva agenda.

En realidad, todos sabemos cuáles son las reformas que necesita el Perú para relanzar el crecimiento: reformas institucionales que permitan un mínimo de predictibilidad a las inversiones, reforma laboral, focalizar la reforma educativa en la meritocracia docente y enfrentar los problemas no resueltos en las infraestructuras. Por ejemplo, el Ejecutivo hasta hoy no promulga mediante un Decreto de Urgencia la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, que representaría una clara señal de que el Ejecutivo, el Estado, siguen apostando por las inversiones de mediano plazo en la agricultura. Igualmente, si bien no han prosperado las estrategias del radicalismo anti minero en contra de Tía María y el Corredor Minero del Sur, todavía el Ejecutivo no asume la decisión de hacer respetar la Constitución y la ley frente a los bloqueos de carreteras y atentados contra las propiedades pública y privada.

Si el Ejecutivo no envía señales claras de su compromiso con la inversión privada no sería nada extraño que el 2020 las proyecciones económicas se compliquen. Los más pesimistas hablan de posibilidades de recesión, habida cuenta de que en el 2019 apenas creceremos 2.5%. En otras palabras, el flagelo de la pobreza volvería a extenderse sobre la sociedad peruana porque para reducir este mal los economistas dicen que necesitamos crecer por encima del 3.5%.

Es hora de que todos los actores políticos del país entiendan en donde están las amenazas en contra de todos los logros institucionales, económicos y sociales de los últimos 30 años. No es necesario señalar que las corrientes comunistas y colectivistas están detrás de los estallidos sociales, y pretenden aprovecharse del fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza fiscal que proviene de un sector privado que ha posibilitado reducir pobreza como nunca antes. El fracaso del Estado se pretende atribuir al mercado.

Por todas estas consideraciones, es hora de superar la agenda autodestructiva y crear un escenario diferente.