¡Prosigue el conflicto antiminero en el sur ayacuchano!

En un arrebato extremista, el día de ayer, 9 de noviembre, en la ciudad de Cora Cora, los dirigentes de las organizaciones sociales de las provincias de Lucanas, Paúcar del Sara Sara y de Parinacochas, decidieron terminar la tregua y volver a sus violentas protestas contra las inversiones mineras en el sur ayacuchano. La posición radical de estos líderes es una amenaza que pone en vilo las inversiones mineras, y también rompe el Estado de derecho y la autoridad estatal en la zona. Las tres provincias viven al día de hoy en una anarquía, pues impera la caprichosa voluntad de los dirigentes.

Antes de continuar vale recordar que hace siete días una turba, azuzada por dirigentes de esas tres provincias, entró de manera violenta y quemó las instalaciones de la empresa minera Apumayo (en Lucanas). Al día de hoy se conoce poco de la acción del sistema de justicia frente a la violación de tantos derechos. Las doce personas arrestadas por la Policía Nacional fueron liberadas por un grupo de manifestantes, también de manera violenta.

En esos días, el conflicto en estas tres provincias solo pudo solucionarse de manera momentánea, cuando representantes de la PCM se comprometieron a instalar una mesa de diálogo para el día 9 de noviembre y con la presencia de los ministros de las carteras de Energía y Minas y Cultura. No obstante, el día lunes tanto el ministro Eduardo Gonzáles del Minem como la ministra Gisela Ortíz, titular de Cultura, fueron retenidos por las comunidades nativas que protestan contra el Oleoducto Norcentral, en la Estación 5 en Loreto. Este conflicto social (otro más para el Gobierno de izquierda) impidió la llegada de los representantes del Estado a Cora Cora.

Esa ha sido la excusa para que lo dirigentes del sur ayacuchano retomen el paro contra las inversiones mineras. Y decimos excusa porque los dirigentes extremistas pretenden liquidar la minería moderna en Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara, con el relato de unas inexistentes contaminaciones y afectaciones a las aguas y ríos. 

Por ejemplo, ninguno de estos dirigentes ha podido demostrar técnicamente de una afectación ambiental de la mina Apumayo. Tampoco la OEFA o alguna institución del Estado han sentenciado a algunas de estas empresas por afectaciones. Asimismo, estos dirigentes reclaman la “intangibilidad de las cabeceras de cuenca”, propuesta que es asumida además Margot Palacios, congresista de Perú Libre por Ayacucho, promotora de una ley que de aprobarse representaría la liquidación de la minería en la zona.

Aquí existe una estrategia radical de parte de algunos dirigentes que justifican estrategias violentistas para detener las inversiones mineras. ¿Cómo va a gestionar y asumir este conflicto la administración Castillo? ¿Qué se hará para evitar que se queme otra instalación minera?