Procuradoras, PPK y Keiko

Gobierno acierta y lideresa de la oposición se equivoca

La decisión del gobierno de relevar de la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (PCDJE) a Julia Príncipe y a Katherine Ampuero de su respectiva procuradoría (por el caso Olmos), revela una saludable rectificación de una política de Estado que busca armonizar la lucha contra la corrupción con la necesidad de relanzar el crecimiento económico. El Perú es uno de los pocos países en que el caso Lava Jato ha terminado paralizando más de la mitad de los US$ 18,000 millones que el gobierno se propuso destrabar en inversiones en infraestructuras.

Si algo así sucedió es de exclusiva responsabilidad de la administración pepekausa. En un país en que se ralentizaba el crecimiento y en el que caían las inversiones privadas y públicas, demostrar incoherencias sobre cómo armonizar la lucha contra la corrupción y el crecimiento, era un verdadero despropósito. Ahora el Ejecutivo decide rectificar el error; entonces, debería recibir el apoyo del país.

La señora Príncipe y la señora Ampuero equivocaron en su papel. Ellas fueron abogadas del Estado y, bajo el mandato del Decreto Supremo 003, tenían la obligación de garantizar la reparación civil que le corresponde al Estado, mediante la continuidad del proyecto Olmos y la venta de las respectivas acciones. Allí residía su principal responsabilidad, sobre todo considerando que del mencionado proyecto dependían 18,000 trabajadores y decenas de proveedores. La medida cautelar que planteó la señora Ampuero para que el proceso de transferencia se interrumpiera —que el Poder Judicial avaló— revela un desconocimiento de las consecuencias de sus acciones sobre la economía y la marcha general de la sociedad.

Sin embargo, el error de la ministra Justicia, Marisol Pérez Tello (principal responsable de la falta de una política de Estado en este aspecto), al despedir a ambas procuradoras a través de un medio de comunicación, generó una ola de simpatía mediática a favor de las funcionarias. En este contexto, Keiko Fujimori, la lideresa de la oposición, se pronunció por la reposición en sus cargos de Príncipe y Ampuero.

A nuestro entender semejante criterio solo subraya el papel opositor de Fuerza Popular y subordina la importancia de una política de Estado. Seguramente la señora Keiko seguirá trepando en las encuestas —tal como viene sucediendo—, pero le hace un flaco favor al objetivo de relanzar el crecimiento y volver a conseguir tasas altas de expansión del PBI para seguir reduciendo pobreza como antes. Siempre vale considerar que si el Perú no vuelve a crecer y reducir pobreza, como sucedió desde el 2004 hasta la fecha, entonces, en el 2021 todo estará servido para que las propuestas estatistas y antisistema desarrollen sus discursos contra el actual modelo económico. En ese contexto no solo pierde el pepekausismo, sino que también se adelgazan las posibilidades de Fuerza Popular.

Otro de los hechos que debería llamar a la reflexión es que luego de la segunda cumbre entre PPK y Keiko quizá no correspondan pronunciamientos tan frontales de parte de la lideresa de la oposición. De alguna manera se dibujan interrogantes con respecto al urgente entendimiento que deben alcanzar Ejecutivo y Legislativo para elevar el nivel de gobernabilidad e impulsar reformas claves para el Perú. Si se trata de subrayar el papel opositor de Fuerza Popular, para eso están los generales y coroneles del Legislativo.

En medio de estas legítimas preguntas es necesario anotar algo que nos llena de optimismo. El gobierno, los ministros y los parlamentarios del oficialismo no han respondido directamente a la lideresa de la oposición —evitando elevar el nivel de la diferencia— sino que se dedicaron a explicar al país las razones de la decisión de relevar a las mencionadas procuradoras.

¿Qué nos revela esa conducta? Que en el gabinete de los tecnócratas se ha aprendido —quizá también como resultado de la segunda cumbre PPK-Keiko— que Fuerza Popular tiene el derecho legítimo de desarrollar su papel opositor; pero cuando las cosas se salen del carril, entonces, vale mucho más levantar el teléfono, explicar razones y conseguir un nuevo momento que cualquier estrategia de confrontación que solía aconsejar el asesor del extremismo antifujimorista. Si las cosas son así, resulta una muy buena noticia para la gobernabilidad.