Presidente Castillo, ¿por qué no se descarta la constituyente?

Han pasado más de tres meses de gestión de Pedro Castillo, y la institucionalidad republicana se desmorona y la economía y la sociedad se preparan para un frenazo económico en el 2022. 

Cada día se suma una mala noticia sobre la institucionalidad: desde presiones en los ascensos de las fuerzas armadas, policiales y servicio diplomático, denuncias de diverso calibre, hasta proyecciones sombrías para el crecimiento y la reducción de pobreza en el 2022. El Ejecutivo parece no tomar en cuenta de la realidad que se avecina porque solo pretende vivir el presente, el día a día. Por ejemplo, no hay preocupación por la economía porque el rebote económico del 2021 (sobre todo el crecimiento del primer semestre) crea la ilusión de que las cosas marchan bien. Se calcula que este año se crecerá más de 10% del PBI.

Sin embargo, todos los observadores señalan que el 2022 la inversión privada se desplomará hasta en dos dígitos y, por lo tanto, el crecimiento no será suficiente para reducir la pobreza. Se ha señalado hasta la saciedad que para reducir la pobreza el Perú necesita crecer más de 3% del PBI. 

Si no se logra ese mínimo por la caída de la inversión privada, ¿cómo explicará la administración Castillo el haber interrumpido tres décadas de crecimiento y de un proceso de reducción de pobreza? Peor aún, ¿cuál será la justificación de la contracción económica, en precisos momentos en que los precios del cobre y de los minerales alcanzan niveles históricos, y el Perú es una potencia mundial en el metal rojo? 

A nuestro entender no hay manera de que el Ejecutivo eluda su responsabilidad en el frenazo económico. El argumento acerca de que el modelo económico consagrado en la Constitución es la causa del desastre no resistiría el menor análisis. De esta manera a la crisis institucional y política del país se sumaría a una crisis económica sin precedentes en las últimas décadas, porque el aumento de pobreza pasaría a ser parte de nuestra realidad.

¿Por qué se puede presentar este nefasto escenario? La única respuesta: la propuesta de instalar una asamblea constituyente en el Perú. Si la máxima autoridad de un Estado propone cambiar el régimen político y económico, ¿qué empresa o qué ciudadano va a seguir invirtiendo en el país que se someterá a un cambio de sistema? La respuesta es obvia. En la idea de convocar a una asamblea constituyente, entonces, está la causa principal del frenazo económico que se avecina.

El Perú, entonces, está echando por la borda toda su cartera de proyectos mineros –80% de los cuales es en cobre– que suman más de US$ 62,000 millones, en precisos momentos en que los precios del metal rojo alcanzan niveles históricos. Un inaceptable crimen social contra los pobres, porque si se ejecutara la cartera de inversiones, el país podría crecer por encima del 5% y reducir la pobreza por debajo del 15% de la población. 

Pero la constituyente no solo paraliza y destruye la economía, sino que violenta las posibilidades de gobernabilidad. ¿A qué nos referimos? Desde el presidente Castillo, pasando por los ministros, hasta el último funcionario, todos parecen empeñados en “fugar hacia adelante”, porque consideran que, tarde o temprano, la constituyente llegará. ¿Cómo se puede gobernar si todos los funcionarios consideran que existirá un momento de quiebre institucional? Imposible.

El caso del Ministerio de Economía y Finanzas es paradigmático. En las primeras semanas de gobierno aparecía como el sector de la cordura y el sentido común. Pero luego vinieron los decretos de urgencia para créditos suplementarios, el endeudamiento público a tontas y locas, y un paquete tributario que echará más combustible a la hoguera recesiva. 

La voracidad fiscal del MEF tiene que ver, a nuestro entender, con el populismo para las elecciones regionales. Una vez más la idea de ganar posiciones políticas en el Estado para avanzar hacia la constituyente hace fracasar cualquier criterio de gobernabilidad en la economía.

Por todas estas consideraciones el único acto que le devolverá gobernabilidad al país y salvará del naufragio a la administración Castillo es la explícita renuncia a la constituyente. ¡No hay otra!