¿Por qué se impugnan actas que favorecen a Fuerza Popular?

Si se hubieran contabilizado las 1,300 actas que todavía no han ingresado al cómputo electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a estas alturas Keiko Fujimori sería la ganadora incuestionable de la elección de la segunda vuelta. El motivo: esas actas suman alrededor de 370,000 votos. 

Si bien es cierto que de ese total de actas solo 461 han sido impugnadas, llama poderosamente la atención el alto porcentaje de incidencias electorales –entre actas impugnadas y observadas– en áreas en donde la candidatura de Fuerza Popular arrasa electoralmente. Los estadísticos, matemáticos y especialistas señalan que el nivel de incidentes supera el 30% en comparación a los que se registran en el sur, por ejemplo. Y esta situación se presenta no obstante que gran parte de las actas del sur, presentan absurdos estadísticos, como el de registrar el total de los votos de una mesa a favor de Pedro Castillo, con cero adhesiones para Keiko Fujimori, y cero nulos y viciados. No obstante, esos absurdos estadísticos esas actas no fueron observadas.

Ahora bien, ¿qué puede haber detrás de la deliberada estrategia de Perú Libre de impugnar bolsones electorales decisivos de Fuerza Popular? Un primer objetivo parece evidente: demorar la proclamación del ganador de la segunda vuelta considerando el virtual empate técnico en que se encontraban ambos candidatos. Sin embargo, la demora en sí jamás será un objetivo político. Con el aplazamiento del virtual ganador se puede generar la percepción de que hubo otro triunfador; es decir, convertir la ventaja parcial de Pedro Castillo en una sensación de victoria.

A partir de ese hecho –es decir, de la percepción creada en un sector de los ciudadanos– cualquier cambio en la tendencia electoral puede ser considerada o denunciada como un fraude de las elecciones. De alguna manera es lo que acaba de hacer el señor Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, cuando a través de un tuit señala que el JNE debe proclamar a Castillo como ganador al término de la distancia.

La falsa percepción de un eventual ganador y las denuncias arteras de un supuesto fraude evidentemente pretenden legitimar la estrategia de las corrientes comunistas, colectivistas y progresistas, que buscan convertir a la calle en el gran elector del proceso político, tal como sucedió con la renuncia de Manuel Merino a la Presidencia y tal como acaece en Chile, Colombia y en todos los países en donde los proyectos bolivarianos combinan participación electoral y movilización directa de masas.

Las cosas son tan evidentes que la mesa directiva del Congreso, conducida por el Frente Amplio –gracias, igualmente, a un golpe de masas–, intenta poner en agenda del Congreso la posibilidad de convocar a un proceso constituyente.

Como se aprecia con absoluta claridad, el proceso de construcción republicana ha llegado a un momento límite luego de que la candidatura de Pedro Castillo llegará a sumar cerca de la mitad del electorado. De alguna manera las corrientes comunistas consideran que ha llegado el momento de romper “el equilibrio estratégico” con los sectores republicanos y pasar a una ofensiva de masas que desemboque un proceso constituyente.

Sin embargo, cometen un grave error de análisis. Sumando los votos de las actas impugnadas y observadas a los sufragios del exterior, Keiko Fujimori podría ganar largamente la elección. De otro lado, están sobrevalorando el respaldo electoral a Pedro Castillo, un respaldo que expresa una intención de protestar contra el orden de cosas, antes que el apoyo a un proyecto bolivariano y colectivista.

Por todas estas consideraciones las fuerzas republicanas deben mantenerse firmes en la defensa irrenunciable del voto popular, empezar a desarrollar alertas y denuncias ante los organismos internacionales por las irregularidades en el proceso electoral –que deben ser corregidas con el trámite de las 1,300 actas no computadas– y deben expresar la voluntad impostergable de defender la Constitución. Asimismo, deben exigir a la administración Sagasti que asuma su responsabilidad en el control del orden público, que será jaqueado por los piquetes bolivarianos que ya operan en las calles del país.