Política y derecho en el Tribunal Constitucional

La necesidad de recuperar la prudencia en la corte constitucional

Todo parece indicar que un sector del Tribunal Constitucional (TC), al menos hasta el domingo pasado, actuó con criterios estrictamente políticos. En contra de los usos y procedimientos del TC, corrió en contra del tiempo para fallar sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por un grupo de congresistas en contra de la llamada “ley antitránsfuga”. El motivo de la celeridad: el lunes el magistrado Óscar Urviola dejaba de ser integrante del TC y tenía que ser reemplazado por Augusto Ferrero.

No solo hubo una velocidad inusitada en los procedimientos, sino que el escándalo que desató la filtración (por parte del congresista Gilbert Violeta) de una supuesta sentencia empujó al país a un intenso y enrarecido debate constitucional acerca de si el Congreso debía o no acatar la decisión del TC que —según la versión publicitada— declaraba la inconstitucionalidad parcial de las modificaciones al reglamento del Congreso que establecen que el congresista que abandona la bancada legislativa con la que fue electo no tiene derecho a formar otro grupo parlamentario, a integrar las comisiones dictaminadoras ni a formar parte de la mesa directiva del Legislativo.

Ante el debate en desarrollo, el ex magistrado Urviola, como el mejor de los operadores políticos, señaló que Augusto Ferrero ya no podía intervenir en la mencionada causa y que, de una u otra manera, todo quedaba oleado y sacramentado con su salida del TC el domingo pasado. Pero, ¿por qué el Tribunal Constitucional, la expresión del control constitucional concentrado establecido en nuestra Carta Política, actuó de esa manera tan inapropiada? La respuesta es simple: Urviola pertenece al sector de magistrados del TC que pasible de una acusación constitucional por el escándalo de haber cambiado una votación firme del TC con objeto de reabrir el caso el Frontón.

Si descartamos el análisis jurídico, es evidente que la conducta de este sector de magistrados del TC solo se explica por el antifujimorismo, por esa nefasta influencia que la izquierda ha desarrollado y que ya se ha convertido en una de las principales causas de la debilidad de las instituciones en los últimos quince años de democracia. Esa es la única explicación para variar una votación firme sobre el caso El Frontón, con objeto de organizar un festín financiero para las ONG de izquierda.

En este escenario, el señalado sector de magistrados del TC apuntaría a invalidar parte de la llamada ley antitránsfuga, buscando crear la siguiente impresión en la opinión pública: los congresistas acusan constitucionalmente a los magistrados en represalia por haber invalidado parte de la llamada ley antitránsfuga. De allí que todo el establishment haya lanzado toda su artillería mediática, proclamándose constitucionalista en defensa de los fueros del TC, no obstante que su guerra del fin del mundo contra la mayoría legislativa no le cause el menor rubor. Para algunos, pues, la democracia puede funcionar ejerciendo un abierto veto contra una mayoría legislativa.

En este terrible contexto institucional, Aníbal Quiroga León, abogado de la causa del Legislativo, ha presentado un recurso de nulidad para invalidar todo lo actuado en la causa indicada, sobre todo porque se ha hecho volar en pedazos el debido proceso en el TC al organizarse un debate nacional, una guerra nacional de opiniones, alrededor de una sentencia que obliga a la privacidad y la prudencia para preservar la majestad de nuestra corte constitucional.

Casi estamos seguros de que el nuevo pleno del TC optará por restablecer la calma y superar esta especie de huracán constitucional que pretendió desatar un sector de magistrados, con la ayuda y colaboración de la histeria del establishment del país, como si el Perú estuviese al borde de un golpe de Estado o de alguna forma de excepcionalidad democrática.

Para quienes defendemos esta democracia, que avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones, las resoluciones del TC —como expresión del control constitucional concentrado— deben ser acatadas por todas las entidades del Estado sin excepción. Sin embargo es deber de los demócratas enfrentar todas las estrategias de mangoneo y manipulación con las que ha actuado la izquierda jurídica en una década y media de democracia. De una u otra manera, alrededor de estas tensiones institucionales se expresa el nuevo orden, más equilibrado y plural, que empieza a surgir en el país luego de las últimas elecciones nacionales.