Política, pueblos originarios y plurinacionalidad

El Gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre y el Movadef continúa con su proyecto de una asamblea constituyente para convertir al Perú en un país bolivariano y plurinacional, a la manera de Bolivia y Venezuela. Pero además de impulsar esa asamblea –en contra de los deseos de la gran mayoría de los peruanos– también está empoderando a diversos grupos violentistas al interior del país, que actúan al margen de la Constitución peruana, las leyes y todo tipo de normas. Estos grupos ya están estableciendo diversas “zonas liberadas”, en las que la fuerza es ejercida ya no por la policía o nuestras Fuerzas Armadas (que deberían ser las únicas autorizadas a hacerlo), sino por esos grupos. Eso sucede, por ejemplo, en el VRAEM, hoy completamente en manos de los cocaleros y sus grupos paramilitares; y en el llamado “corredor minero del sur”, donde falsos dirigentes comunales invaden y destruyen las propiedades y la infraestructura de las empresas mineras sin que nadie los detenga. 

Uno de los pilares fundamentales de los nuevos estados bolivarianos es el tema de la plurinacionalidad. Como su nombre lo indica, de lo que se trata es de dividir, fraccionar o segregar a la sociedad nacional en diferentes nacionalidades, relacionadas con los llamados “pueblos originarios”. Según la definición establecida en el Convenio 169 de la OIT, los “pueblos originarios” son grupos de personas “descendientes de culturas precolombinas y que han mantenido sus características culturales y sociales, incluyendo su propia lengua”. Según es esa definición, en el Perú el término solamente se podría aplicar a algunos pueblos amazónicos, porque a esas regiones nunca llegó el virreinato. En cambio, todas las comunidades quechuas y aymaras son productos netos del mestizaje de un virreinato de más de tres siglos. 

La Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Perú, a cargo del Ministerio de Cultura, registraba hasta hace poco a 51 pueblos de la Amazonía y solo cuatro pueblos andinos. No obstante, el Gobierno de Pedro Castillo quiere utilizar políticamente a los pueblos originarios, y ha comenzado a inscribir en la BDPI a agrupaciones que no lo son. El caso más flagrante es la reciente inscripción de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), alegando que son “representantes de los pueblos indígenas ante el Estado Peruano”. Los dirigentes de CUNARC y las autoridades del Ministerio de Cultura quieren hacernos creer que las rondas representan a más de dos millones de personas del área rural, y que por eso son un “pueblo originario”. Un sinsentido, porque estas rondas hablan español y no son descendientes directos de ninguna cultura prehispánica, sino fruto del mestizaje de lo andino y lo hispano, como todos los peruanos. 

Al respecto, el excongresista boliviano Horacio Poppe Inch ha explicado que “lo que menos le interesa a los gobiernos bolivarianos es la sobrevivencia de las naciones originarias. Lo que les interesa es romper lo que ellos llaman el ‘estado colonial y republicano’, romper con las clases medias, romper con los estados nacionales para poder ellos implantar nuevas sociedades, nuevos estados en base a leyendas negras. Lo que ellos dicen sobre el pasado son puros inventos, interpretaciones caprichosas hechas a la luz de un marxismo bastante heterodoxo, que juega con el capitalismo de estado”.

En Chile en la actualidad, con la propuesta de la nueva constitución se está viendo la posibilidad de que el país llegue a secesionarse en 11 naciones. En Bolivia, hace 15 años, en la asamblea constituyente se habló hasta de 36 naciones, muchas de ellas inventadas. Al respecto Poppe Inch también explicó para qué sirvieron esas 36 nacionalidades: “La plurinacionalidad no sirvió para que las naciones terminen autogobernándose… en el caso boliviano solo fue un caballo de troya para que una de esas nacionalidades termine imponiéndose sobre el resto en todos los aspectos: político, económico, social y cultural”. 

Por último, está la utilización política del tema. Según Poppe Inch: “Los dirigentes de los pueblos originarios han sido importantes para mantener al partido de Gobierno en el poder. Los dirigentes tienen experiencia y saben manipular a los indígenas de las comunidades. Así, el partido de Gobierno puede manejar el uso de los recursos naturales e incluso la propiedad de la tierra en el campo. En las asambleas departamentales y nacionales, en los tribunales electorales, en las instituciones nacionales y en todos los gobiernos autónomos inferiores existen cuotas reservadas para los indígenas. Y mediante esas cuotas, asignadas siempre a dirigentes comprometidos con el partido de Gobierno, se deciden todas las polémicas y controversias”.