La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Esta semana, el presidente Pedro Castillo perdió una extraordinaria oportunidad para reconciliar su administración con la mayoría del país, que se opone abiertamente a la convocatoria de una asamblea constituyente. El Ejecutivo observó la ley aprobada por el Congreso que señala que cualquier procedimiento de reforma de la Carta Política debe pasar necesariamente por el Congreso, tal como lo establece el artículo 206 de la Constitución.
Si bien la norma observada solo confirma lo que está grabado en piedra en el texto constitucional, el Ejecutivo argumentó que se restringe el derecho de la participación ciudadana. Con eso se negó a reconciliarse con la mayoría y recuperar la gobernabilidad para el país.
El anuncio presidencial de promover una asamblea constituyente y las amenazas de nacionalizaciones son las principales causas de la polarización y el enfrentamiento que padece la sociedad peruana. Un enfrentamiento que está destruyendo la institucionalidad republicana y, sobre todo, que ha detenido el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza, que avanzaba desde las últimas tres décadas.
El Gobierno de Pedro Castillo, entonces, tenía una insuperable oportunidad de desmarcarse de esta propuesta tan nociva para el futuro nacional sin presentar públicamente una derrota: promulgando la ley que establece que la reforma de la Constitución solo procede con la aprobación previa del Congreso. No lo hizo y prefirió mantener sus vínculos con las más ortodoxas corrientes del comunismo.
La propuesta de la asamblea constituyente es una absolutamente totalitaria, que propone que todas las instituciones, que todos los contrapesos organizados en la sociedad, que los ahorros y propiedades de los peruanos y las empresas pasen a depender de la voluntad de unas decenas de asambleístas, algunos elegidos por sufragio y otros designados por etéreas organizaciones sociales. Es decir, de los clásicos soviets leninistas.
La estrategia de la asamblea constituyente que busca “refundar el Perú” bajo el proyecto colectivista, entonces, es la propuesta de concentrar todo el poder del Estado y la sociedad en un grupo reducido de personas. Es la propuesta mediante la cual una minoría ideológica se apropia de la conducción del Estado durante décadas.
Pero no solo se trata de la naturaleza totalitaria de este proyecto, sino que también implica la ruptura del territorio nacional del Perú para organizar una gaseosa “república plurinacional de pueblos originarios”. En efecto el proyecto de nueva constituyente busca generar una república plurinacional ignorando tres siglos de virreinato y dos siglos de república, procesos que han delineado la peruanidad y han consolidado el territorio nacional.
La llamada “república aymara” en el sur del país, simplemente quebraría la integridad territorial a favor del expansionismo boliviano que desde los albores de la república siempre tuvo una estrategia para el sur del Perú.
El presidente Castillo, entonces, se niega a rechazar un proyecto absolutamente totalitario, que amenaza la integridad territorial de la patria, y que ha detenido tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza, no obstante que el Perú debería tener proyecciones de crecimiento para el 2022 por encima del 5% del PBI, sobre todo considerando el incremento de los precios de los minerales.
A nuestro entender, la noticia sobre la observación del Ejecutivo a la ley de la reforma constitucional solo revela que el Gobierno de Pedro Castillo sigue empeñado en el enfrentamiento, en la polarización, en la división de la sociedad entre “pueblo y no pueblo” y todos los estribillos populistas que suelen amenazar a la democracia.
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