¿Perú Libre pretende desintegrar al Perú?

La crisis del Ejecutivo, la destrucción nacional, el frenazo de la economía, el aumento de la pobreza, el deterioro de las instituciones y el colapso de los servicios públicos, no nos está llevando a la asamblea constituyente comunista sino a la anarquía en general. La autoridad del Estado democrático es quebrada en las regiones y el Ejecutivo parece empeñado en alentar a los sectores y minorías que rompen el Estado de Derecho.

Por ejemplo, en las zonas mineras el empoderamiento de las minorías radicales que se alentó durante los gabinetes Bellido y Vásquez no solo ha detenido la producción minera -en momentos de récords históricos de precios de los minerales- sino que ha terminado quebrando el sistema de propiedad minera e instaurando un Viejo Oeste sin ley y sin orden, dominado por la violencia y la prepotencia. Algo parecido sucede en los valles cocaleros del país con el avance de los cultivos de hoja de coca y al avance del narcotráfico: se crean áreas en donde no se aplica la Constitución y las leyes. Si las cosas continúan en ese camino, ¿acaso no es evidente que el Estado y la sociedad avanzan a una implosión general? ¿Acaso no es evidente también que semejante desorganización también puede terminar en la quiebra de la unidad territorial del Perú?

Lo cierto es que Las Bambas, una de las diez más grandes de cobre del planeta, acumula más de 470 días de bloqueos y paralizaciones, en momentos en que la libra del metal rojo sigue alcanzando récords históricos. Y lo mismo está sucediendo en Cuajone, en Moquegua, otra muy importante mina de cobre, que hace poco tuvo una para de más de 50 días, por la toma de sus reservorios de agua por parte de pobladores de la región, quienes pedían un pago de US$ 5,000 millones, sin ningún sustento legal para ello. En general, todo el corredor minero del sur, vital para la economía del país, se ha convertido en una “zona liberada”, en la que no se cumplen la Constitución ni las leyes, en el que los grupos violentos atentan contra la propiedad privada y las personas sin que ni la policía ni las fuerzas armadas hagan nada para impedírselo.

Otra área del país que el Gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre podrían crear regiones sin autoridad ni ley –es decir, al margen del orden establecido por la Constitución y las leyes peruanas– es la del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAEM), que abarca amplias áreas de las regiones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, y en los llamados valles cocaleros en general. Como se sabe, el VRAEM es el centro del narcoterrorismo, y en él los remanentes terroristas y los productores de cultivos ilegales de hojas se han unido y establecido un ejército propio, el Militarizado Partido Comunista, que desde hace muchos años mantiene al VRAEM como zona liberada. Para luchar contra el narcoterrorismo los anteriores Gobiernos intentaron mantener un fuerte control de los cultivos de coca y establecieron bases militares en la región. Pero el Gobierno de Pedro Castillo ha renunciado a ambas cosas: ha decidido terminar con la erradicación de estos cultivos, comprar toda la producción de hojas de coca (la legal y la ilegal) y eliminar las bases militares del VRAEM.

No es casualidad que estas dos zonas, el corredor minero del sur y el VRAEM, correspondan a las mayores fuentes de ingreso del país, legales (el cobre) e ilegales (la coca). En el primer caso la intención del Gobierno al tratar de “liberarla” es evidente: presentar a las empresas mineras como problemáticas e injustas para estatizar el cobre; así el Estado se encargaría directamente de la producción de este mineral, y hacer con él lo que disponga los asesores cubanos, que están detrás de nuestro cobre desde hace muchos años. En el caso del VRAEM, ¿acaso se pretende lograr algún tipo de acuerdo con el narcotráfico para que el Gobierno tenga una fuente de ingreso ilegal, que pueda emplear en sus políticas clientelistas? Recordemos que el Gobierno ya se ha comprometido a comprar absolutamente toda la producción de hoja de coca. ¿En qué piensa emplearla si el 90% de la producción se destina al narcotráfico?

A estas iniciativas, que solo lograrán disgregar el país, se suman otras, como la cuestionada pretensión de otorgarle una salida al mar a Bolivia; o la de convertir al Perú, a través de una nueva constitución, en una país plurinacional. ¿Dejaremos los peruanos que Perú Libre destruya el país?