Perú debe focalizarse en la gobernabilidad, la reforma del Estado y el crecimiento

Luego del fallido golpe de Pedro Castillo en contra de la Constitución y luego de la insurrección –también fracasada– en contra del Estado de derecho, el Perú y las instituciones tutelares del sistema republicano deben focalizarse en la gobernabilidad. Es decir, en el crecimiento económico y el proceso de reducción de pobreza, en la reconstrucción de las infraestructuras destruidas por los desastres naturales, en un shock de inversiones en las provincias del sur y en la derogatoria de las normas promulgadas por el Gobierno de Castillo que buscaban destruir el modelo económico basado en la inversión privada y la desregulación de los mercados.

En otras palabras, el sistema democrático debe concentrarse en las funciones y objetivos que asigna la Constitución Política a las entidades fundamentales del Estado, y superar esquizofrenia del modelo económico y social: un sector privado que produce riqueza –como nunca en la historia republicana– y paga enormes sumas en impuestos a un Estado que es incapaz de redistribuir esos recursos a través de obras de prevención e inversiones en sistemas de agua y desagüe, carreteras, postas médicas o escuelas en las zonas excluidas del crecimiento económico. Hoy, el PBI del Perú suma alrededor de US$ 220,000 millones y los gastos del Estado consumen aproximadamente el 25% de la economía total. ¿Por qué no hay obras de prevención para los desastres naturales? ¿Por qué hay más de seis millones de peruanos sin sistemas de agua y desagüe?

El Estado y la política son las principales fuentes de pobreza y exclusión, y se han levantado verdaderas cordilleras en contra de la prosperidad y el bienestar que produce el sector privado del país. En ese sentido, el Estado debe cambiar con urgencia y debe avanzar hacia una reforma de mediano y largo plazo. De lo contrario, el fracaso estatal se engullirá el modelo y acabará con las libertades y el sector privado, el más poderoso e inclusivo de toda la historia republicana.

¿Qué hacer entonces para empezar los cambios en el Estado? En primer lugar, creemos que el país debe abandonar la guerra política y la polarización que han alentado las corrientes comunistas y progresistas, y que se expresaron en el referendo que destruyó el sistema político y el cierre inconstitucional del Congreso durante la pasada administración Vizcarra. Una polarización que continuó durante la administración Sagasti y, finalmente, terminó encumbrando a Pedro Castillo, el peor gobierno de la historia republicana. ¿Qué instituciones, qué partido o sector político, pueden focalizarse en la gobernabilidad en medio de la guerra política y la exclusión del rival?

Por otro lado, el Congreso y el Ejecutivo deben formar una comisión del más alto nivel para desregular y simplificar los procedimientos estatales y superar uno de los estados más burocráticos de la región –organizado en las últimas tres décadas– no obstante la Constitución desreguladora de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú. El Estado debe convertirse en amigo de la sociedad y del sector privado (formal e informal). No puede seguir siendo su peor enemigo. Es la única manera de formalizar a más del 60% de la economía y la sociedad que permanece en la extralegalidad.

Finalmente, en el Congreso debe discutirse una reforma constitucional y legal para posibilitar la reelección de los gobernadores y los alcaldes en la siguiente elección. De esta manera las autoridades subnacionales se focalizarán en la inversión social; es decir, en la redistribución de la riqueza que producen los privados, como la única manera de continuar en el ejercicio del poder. La no reelección regional y local se ha convertido en el peor enemigo de la eficiencia del Estado y, de una u otra manera, ha alentado la corrupción.

Si las autoridades locales se lanzan a invertir y gobernar en sus demarcaciones estaremos en posibilidad de enfrentar uno de los mayores problemas que explican el fracaso de la reconstrucción de las infraestructuras nacionales. Es hora de reformar el Estado para seguir creciendo, reducir la pobreza e invertir en infraestructuras y obras de prevención.