Las bancadas de la centro derecha –entre ellas Fuerza Po...
El miércoles pasado la presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, y dirigentes y autoridades de las diversas comunidades de la provincia de Cotabambas acordaron “levantar” el paro indefinido en esta parte del corredor vial sur, un paro que había bloqueado las carreteras por más de nueve días. La medida de fuerza destruía la economía local y había puesto en jaque a una de las operaciones mineras más importantes del Perú y del planeta, Las Bambas.
Si los dirigentes y autoridades locales han aceptado terminar con el paro en Cotabambas es por la sencilla razón de que la PCM Vásquez, a nombre del Ejecutivo, hizo mea culpa y aceptó todos los yerros del Estado en la zona. El conflicto social en Cotabambas se explica por la ineficiencia del Estado que, a pesar de los inmensos recursos que se manejan por los impuestos pagados por las mineras, no ha logrado dotar de servicios básicos a la provincia. En el distrito de Challhuahuacho, donde se emplaza Las Bambas, por ejemplo, el 80% de la población no tiene agua potable; y el 90% no cuenta con desagüe.
Como decíamos, si este conflicto ha terminado, por el momento, se debe a que la PCM Vásquez se ha comprometido a reactivar los nueve Grupos de Trabajo, sobre todo el relacionado a la ejecución del Plan de Desarrollo Provincial, que contiene un programa de inversiones en diversas áreas críticas, entre ellas salud, educación y saneamiento.
Vale recordar que a fines del 2017 el Ejecutivo –durante la administración Vizcarra– creó una Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Cotabambas. En ella se propuso, entre varios acuerdos, el compromiso del Estado para desarrollar 335 proyectos.
Hasta el momento solo se han ejecutado 128 y, durante casi todo el 2020 –debido a la pandemia– se paralizó la ejecución de proyectos. Es decir, la causa de todos los conflictos en Cotabambas siempre ha sido el incumplimiento de los compromisos y la ineficiencia general del Estado.
Ahora bien, luego de casi 100 días de gobierno, es evidente que la administración Castillo no tiene una estrategia para gestionar y reducir los conflictos sociales alrededor del sector extractivo, sobre todo en el llamado corredor vial del sur. Esta desidia en el Gobierno se presenta no obstante que el 90% de los ciudadanos de las áreas adyacentes a los proyectos mineros votó por Perú Libre. Una enorme ventaja para cambiar las cosas.
El Ejecutivo se ha demorado nueve días en solucionar un conflicto social en una zona altamente estratégica para el Perú. Durante el tiempo de bloqueos y paralizaciones, la provincia de Cotabambas ha perdido más de S/ 14 millones en regalías, y la mina Las Bambas ya suma 365 días de paro desde que se iniciaron las operaciones en el proyecto minero. De otro lado, en el 2020 y el 2021 se produjeron algo más de 300,000 toneladas métricas de cobre (TMC), no obstante que Las Bambas debería producir alrededor de 450,000 TMC. Semejantes pérdidas se presentan en momentos en que el precio del cobre alcanza niveles históricos.
Sin embargo, la situación en el corredor vial del sur sigue en alerta roja. El miércoles pasado –cuando las comunidades y el Ejecutivo izaban bandera blanca en Cotabambas– en Cusco, en la provincia de Chumbivilcas (exactamente en el distrito de Livitaca) y una zona del corredor minero, las comunidades declaraban un paro contra las empresas mineras en la zona, especialmente contra Hudbay. Medida de fuerza que continúa hasta el cierre de esta nota.
Las demandas de dirigentes y comunidades de estos distritos también se explican por la ineficiencia del Estado. Se reclama mayor inversión pública en proyectos de agua y salud, así como la suscripción de un nuevo convenio marco y la inclusión de nuevas comunidades como parte del área de influencia directa de Constancia.
De momento, todavía no hay un pronunciamiento de la PCM Mirtha Vásquez.
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