¿Paro en el sur antes de las elecciones?

El pasado 6 de febrero diversas organizaciones, colectivos y líderes sociales de varias regiones del sur se volvieron a reunir en la ciudad de Juliaca. Se trataba del denominado “IV Encuentro Macro Sur”, una reunión que sumó alrededor de 200 personas, y que tuvo como objetivo la preparación de lo que ellos llaman el “gran paro del sur”. 

En un editorial anterior se informó que el pasado 31 de enero hubo otra reunión en Tacna, que preparó el encuentro de Juliaca, para afianzar la estrategia hacia el llamado paro del sur. Según los promotores de esta medida, el objetivo principal del gran paro del sur será la convocatoria de una asamblea constituyente. Sin embargo, la finalidad inmediata es paralizar la producción minera del sur, que representa más del 50% del cobre nacional del país y es el eje económico de varias regiones del sur.

Con este tipo de estrategias –que combinan plataformas extremistas, demandas económicas imposibles y violencia para la toma de carreteras y bloqueos– se han paralizado diversas inversiones mineras en el Perú, sobre todo las de cobre. Desde los bloqueos de las inversiones en Conga y Tía María, el Perú solo produce anualmente 2.5 millones de toneladas de cobre, mientras que Chile, a pesar de sus problemas, empieza a superar los 5 millones de toneladas de cobre anuales. Algo más: si el Perú ejecutara las inversiones del Cinturón de Cobre del Norte (Conga, Galeno, La Granja y Michiquillay, entre otras) estaría produciendo un millón de toneladas más de cobre, crecería por encima del 5% –pese a la recesión mundial– y estaría en condiciones de reducir significativamente la pobreza.

El acuerdo del mencionado evento de Juliaca, en la práctica, ha reprogramado la fecha del “gran paro del sur”, que estaba planificado para el 17 y el 18 de febrero. La crisis sanitaria, el colapso del sistema hospitalario, el aumento de la letalidad y la ampliación de la cuarentena y el estado de emergencia, han obligado a los radicales antimineros a postergar la medida hasta la primera o segunda semana de marzo.

¿Por qué decimos que las protestas son en el fondo contra las inversiones mineras? Por la sencilla razón de que casi todos los convocantes y líderes que promueven estos “encuentros” tienen o han tenido un interés contra las inversiones mineras. Por ejemplo, podemos observar que entre los interesados están los hermanos Salas Charca y el líder radical pro islámico Edward Quiroga. Asimismo, participan los sectores antimineros de Moquegua, que se oponen a Cuajone y a Quellaveco. De allí que la idea de movilizarse por una nueva constituyente solo sea la envoltura de la estrategia que, en lo inmediato, busca paralizar la producción minera de la zona sur del país. 

Todos estos pasos estratégicos de los líderes de izquierda y antimineros nos llevan a concluir que se gesta en el sur peruano un gran movimiento antisistema que tarde o temprano explotará, y cuyas consecuencias es difícil prever. El radicalismo pretende generar una crisis antes de las elecciones y conseguir el apoyo o el silencio de los candidatos presidenciales en campaña. Y con la estrecha colaboración de la mesa directiva del Congreso, derogar la Ley General de Minería, tal como sucedió con la Ley de Promoción Agraria. 

La administración Sagasti y el Ejecutivo, entonces, deben observar con atención lo que sucede en el sur peruano y asumir responsabilidades. Hoy Las Bambas, Constancia y Tintaya-Antapaccay, tres de las grandes operaciones cupríferas, están en peligro debido a que algunos comuneros de sus áreas de influencias indirectas exigen partidas adicionales que –a pesar de la extendida solidaridad y colaboración de las empresas–, en la práctica, buscan que las mineras se conviertan en el Estado. En lugar de buscar la alianza entre poblaciones y empresas –para exigir que el Estado construya carreteras, postas médicas y colegios, con el dinero del canon y las regalías–, los radicales, colectivistas y comunistas demonizan a las empresas mineras, exigiendo que estas provean los servicios estatales.

El precio del cobre sigue en subida y se empieza hablar de un superciclo del metal rojo. Sin embargo, en el Perú existen proyectos paralizados, tales como Conga y Tía Maria, por la acción de minorías radicalizadas que bloquean carreteras y violan la propiedad pública y privada.