¡ONG marxistas con protección especial en Perú!

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, acaba de emitir la Resolución Ministerial N. 0159-2019-JUS, mediante el cual se aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. La mencionada resolución busca “garantizar el ejercicio seguro de la labor pacífica y no violenta, retribuida y gratuita de las defensoras y los defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional”. Y, además, aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”.

Establecer un protocolo de protección del Estado para asociaciones civiles solo porque afirman defender los Derechos Humanos es una intromisión abierta del Gobierno en disputas entre entidades privadas en la sociedad. Disputas que deberían ser resueltas de acuerdo a la Constitución y las leyes nacionales. Es decir, a través de la acción de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Por qué esta aproximación?

Por ejemplo, el Instituto de Defensa Legal (IDL), una ONG de clara orientación marxista, considera que los hermanos Chávez y los demás imputados por el Ministerio Público por extorsión en Las Bambas no han cometido delitos. Sin embargo, muchas empresas y amplios sectores de la sociedad sostienen que bloquear las carreteras del sistema de transporte nacional es un delito que viola el libre tránsito y que, en ocasiones, suele culminar con agresiones a las fuerzas policiales y lamentables pérdidas de vidas humanas.

Las ONG marxistas hablan de “criminalización de la protesta”, pero en grandes sectores del país hay conciencia de que el Perú es uno de los pocos países en donde se asesinan policías: más de 20 efectivos ejecutados en Bagua y dos policías derribados por francotiradores en Pómac, por ejemplo. Las ONG que desarrollan las tesis de una supuesta criminalización de la protesta ahora cuentan con un protocolo especial, gracias a Vicente Zeballos.

La Asociación pro Derechos Humanos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, son ONG de orientación marxista que han demostrado su evidente inclinación por la defensa de los DD.HH. de los terroristas y activistas subversivos. El motivo: una estrategia que busca erosionar la autoridad del Estado democrático en la aplicación de la Constitución y la ley para defender el orden interno y la seguridad ciudadana. Y, ¿qué sucede con los sectores que defienden los DD.HH. de nuestros policías y de nuestras Fuerzas Armadas? ¿El ministro Zeballos puede acaso decidir a favor de las ONG comunistas que pretenden erosionar la autoridad de la democracia?

La señalada resolución ministerial debe ser derogada porque el Perú es una República que se rige por una Constitución y leyes, y que funciona a través de instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial (por más descrédito que padezcan). ¿De dónde, entonces, proviene la autoridad de Zeballos para establecer protocolos especiales para las asociaciones marxistas que defienden los DD.HH. de imputados que deben responder ante la justicia? ¿Acaso se trata de una “justicia” por encima de la justicia de los mortales? Imposible.

Si a la mencionada resolución ministerial le sumamos la propuesta del congresista Richard Arce, que plantea una amnistía general para todos los acusados por delitos cometidos en los conflictos sociales, mejor todos nos vamos a nuestras casas y le entregamos el poder a los marxistas, a los comunistas y a los anticapitalistas, que nunca han ganado una sola elección en el país.

Si prosperara la propuesta de Arce todos los delitos contra la propiedad pública y privada, contra el libre tránsito e, incluso, contra la vida, el cuerpo y la salud, en Bagua, Conga, Tía María, Las Bambas y el Corredor Minero del Sur simplemente se olvidarían. En otras palabras, los activistas antimineros, anticapitalistas o simples extorsionadores, que suelen paralizar inversiones mediante la violencia (ahora defendidos por “los defensores de DD.HH.” con un protocolo especial) estarían en su garbanzal.

Gracias a Zeballos y Arce, entonces, la Constitución se convertiría en letra muerta. Y poco a poco, empezaría a surgir “la república popular” con que sueñan los marxistas y estatistas.