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Desde el pasado 15 de mayo, un grupo de comuneros de la localidad de Saramurillo, en Loreto, ha ocupado violentamente las instalaciones de PetroPerú, interrumpiendo de esta manera los despachos de crudo para la refinería de Loreto.
Este ataque, realizado con lanzas y armas blancas en el desembarcadero de la Estación 1 del Oleoducto Norperuano (ONP), paraliza las actividades productivas de los lotes 8 y lote 67, así como de otros lotes petroleros y aquellas relacionadas con el desembarcadero. Asimismo, PetroPerú ha paralizado sus actividades portuarias en la zona. Debido a esto, en pocos días, la energía eléctrica que se suministra a Iquitos en Loreto, será suspendida por la falta de crudo necesario para el funcionamiento de los motores generadores de electricidad.
Según los comuneros de Saramurillo, de unos 600 pobladores, con la medida de fuerza reclaman al Gobierno la construcción de un colegio, un centro de salud, electrificación de la zona y carreteras de comunicación. Estas demandas son una constante en todos los rincones del país. Las obras, que son de responsabilidad de los gobiernos locales, regionales y del Gobierno Central, no se realizan tal como las autoridades prometen a los pobladores. Y, entonces, los agitadores pretenden endilgar el fracaso del Estado a las empresas.
Al respecto, la Sociedad Nacional de Hidrocarburos (SNH) ha señalado que existe un acuerdo suscrito en 2016 entre los representantes del Gobierno central y los dirigentes de la comunidad de Saramurillo. En el acuerdo (de 19 puntos) se consideran mejoras relacionadas con la salud, la educación, el saneamiento y proyectos de desarrollo. Son acuerdos que el Estado no ha cumplido por la evidente incapacidad del Estado de ofrecer a los pobladores los servicios públicos de su responsabilidad.
En este contexto, los sectores antisistema del país son los primeros en aprovechar el fracaso del Estado, levantando supuestas banderas reivindicativas. Por razones políticas, la izquierda radical y sus enlaces de “asesores” de los dirigentes de las comunidades del país organizan este tipo de manifestaciones que atentan contra la estabilidad social y la continuidad de la producción. Además, los ataques contra los recursos naturales son parte de un boicot organizado por el círculo antisistema. Las ONG del ambientalismo ideológico se han propuesto detener las actividades mineras, de hidrocarburos, de pesca, forestales y de otros sectores industriales.
Hasta la semana pasada, los representantes del Ejecutivo que arribaron al lugar no han logrado ningún acuerdo con los dirigentes de Saramurillo. Mientras tanto, los comuneros han señalado que continuarán bloqueando el embarcadero e impidiendo las operaciones de despacho de crudo a la refinería. Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) la interrupción de corriente eléctrica en Iquitos paralizará también las actividades comerciales e industriales de la ciudad, perjudicando además a los pobladores.
Asimismo, el presidente de la SNMPE, Pablo de la Flor, ha indicado que por los constantes sabotajes y ataques contra las instalaciones del ONP, urgen medidas que aseguren el respeto a las actividades productivas del país, preservando con la firmeza las leyes y el derecho que le asiste al Estado para hacerlas respetar. Por su lado, el dirigente de la comunidad, Javier Yuyarima, ha declarado que han adoptado esta medida de fuerza porque es la única manera de hacerse oír. “La misma estrategia de Las Bambas”, ha señalado el dirigente.
Mientras el Ejecutivo de Martín Vizcarra atiza el enfrentamiento con el Congreso de la República, los trabajadores y los funcionarios de Petroperú solicitan al Gobierno su pronta intervención para restablecer el orden y para proteger la integridad de los pobladores y del personal de las empresas de la zona. En lugar de planear la tranquilidad de los poblados del interior del país y una estrategia energética nacional que impida el desabastecimiento de gas, petróleo y corriente eléctrica para el funcionamiento del país, el actual Ejecutivo deja que este bloqueo de la producción de petróleo continúe. La ausencia de Estado nos está costando muy cara.
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