Oenegés: ¿Qué sucede? ¡El Perú no es colonia de nadie!

El pronunciamiento de las embajadas de los Estados Unidos, del Reino Unido y algunos países de la Unión Europea –alrededor de 16 estados– expresando preocupación con respecto a las enmiendas que propone el Congreso para ampliar las capacidades de control y fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre el financiamiento de las oenegés, revela una preocupante injerencia en los asuntos internos de la República.

El mencionado pronunciamiento revela una clara intromisión en el derecho del Estado peruano a decidir en uno u otro sentido con respecto a las oenegés en el país. La república peruana, más allá de sus debilidades y fragilidades, sigue siendo una democracia, con equilibrio de poderes y respeto a los derechos constitucionales. Una República tiene todas las prerrogativas constitucionales para establecer controles y fiscalizaciones a las donaciones extranjeras para oenegés que desarrollan actividades en territorio nacional. El pronunciamiento de las mencionadas embajadas –sobre todo las europeas– contrasta con el silencio frente a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El mencionado pronunciamiento señala que se “restringiría la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”. Uno de los factores que aparentemente ha causado preocupación es que en la propuesta aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, se plantea la creación de una Intendencia Nacional de Control de Entidades que Gestionan la Cooperación Técnica Internacional, que estaría a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, ¿por qué causa tanta preocupación un sistema de control parecido a los que existen en los países cuyas diplomacias se están pronunciando en contra?

En los Estados Unidos está el Foreign Agents Registration Act (FARA), entidad que obliga a todas las organizaciones o agentes que desarrollan actividades en el territorio estadounidense y que reciben donaciones del extranjero a registrarse públicamente y transparentar el origen de sus donaciones. Una oenegé en los Estados Unidos tiene diez días para registrarse como tal luego de haber establecido una relación financiera con cualquier entidad extranjera para actuar en territorio estadounidense. Las penas por incumplir esta norma van desde los cinco años de cárcel hasta US$ 250,000 de multa. ¿Por qué entonces el mencionado pronunciamiento se opone al legítimo derecho de la democracia peruana de controlar el financiamiento de las oenegés? ¿A alguien se le ha ocurrido que el Perú es algún tipo de colonia?

Algo parecido sucede en el Reino Unido con el Foreign Influence Registration Scheme (FIRS), que obliga a las asociaciones civiles que desarrollan actividades con impacto político en la sociedad y que reciben donaciones del extranjero a registrarse. Si una oenegé incumple con el mencionado registro las sanciones van desde multas hasta prisión efectiva.

Es incuestionable que, los registros y las normas de los países occidentales con respecto a las fiscalizaciones de asociaciones civiles que reciben fondos en el extranjero buscan controlar no solo el dinero ilícito de las economías ilegales del planeta (sobre todo narcotráfico y terrorismo), sino también el financiamiento de países o sectores que buscan destruir y erosionar los fundamentos del Estado de derecho en Occidente. 

Por ejemplo, una de las razones de la crisis de los países de la Unión Europea con respecto a la inmigración islámica indiscriminada, que crea verdaderas zonas liberadas del Estado de derecho, de los estados nación europeos, no solo está en las migraciones sin controles, sino también en el financiamiento del fundamentalismo islámico a instituciones culturales y religiosas que amenazan la viabilidad de Occidente. Si bien en los Estados Unidos y el Reino Unido hay controles y registros de estas entidades que reciben financiamiento exterior, en otros países falta emprender ese camino. Y allí están los resultados.

Sin embargo, más allá de las especulaciones, llama la atención que se pretenda intervenir en la decisión democrática de los peruanos, no obstante que Estados Unidos y el Reino Unido son estados que ejercen legítimos controles sobre el financiamiento internacional que puede causar impacto en la política de los respectivos países.