¡A defender la amnistía de nuestros soldados!

La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el proyecto que establece una amnistía para policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados por sus acciones en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980-2000. La ley sancionada establece que no se pueden beneficiar de estas medidas quienes cuenten con una sentencia firme. Luego de conocida la decisión del Legislativo, el progresismo y las izquierdas se opusieron abiertamente a la medida.

Vale señalar que nuestros soldados y policías que defendieron al Perú de la amenaza terrorista polpotiana en los ochenta vienen padeciendo tres décadas de persecución en contra de cualquier principio convencional o principio de derecho penal democrático. Los delitos imputados a las fuerzas de seguridad no prescriben, según lo establece y manda el Código Penal, porque un sector de magistrados ideologizados sostiene que se trata de “delitos de lesa humanidad”. Se siguen los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otra entidad supranacional extremadamente ideologizada.

Sin embargo, vale señalar categóricamente que el Perú firmó el Tratado de Roma, que establece en nuestra legislación el tipo penal de lesa humanidad, recién en el 2002 y, por lo tanto, todos los hechos sucedidos antes de esa fecha se rigen por la legislación penal vigente y todos han prescrito en la actualidad. El Congreso incluso aprobó una ley subrayando y estableciendo el principio universal acerca de que las leyes penales no son retroactivas. Sin embargo, en la Comisión IDH y en un sector de magistrados ideologizados del país este principio universal de Derechos Humanos no importa cuando se trata de perseguir durante tres décadas a ancianos militares.

Es evidente que estamos ante una venganza neocomunista por el hecho de que las fuerzas de seguridad restablecieron el principio de autoridad ante la amenaza terrorista polpotiana. No hay duda.

Frente a la decisión del Congreso estamos seguros de que las corrientes progresistas y de izquierda argumentarán que la amnistía no es posible porque a inicios del nuevo milenio, igualmente, el sistema interamericano de justicia se opuso a una medida similar señalando el “derecho de las víctimas a recibir justicia”. Sin embargo, han pasado tres décadas de implacable persecución neocomunista en contra de nuestros soldados y policías y todos ellos se han convertido en ancianos con la salud quebrantada e, incluso, algunos de ellos están inválidos terminales. ¿Cómo se puede argumentar el derecho de las víctimas a recibir justicia en este contexto? ¿Acaso el sistema judicial para nuestros militares se ha convertido en un campo de concentración nazi? De ninguna manera.

La Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ¿Tres décadas de persecución suman un plazo razonable? ¡Basta! El Perú no es un tribunal de venganzas comunistas.

¿Cómo se puede enfrentar el desborde de la ola criminal si un sector de la justicia está persiguiendo a los miembros de las fuerzas de seguridad que, precisamente, derrotaron una ola de terror sin precedentes? Hoy, por ejemplo, más de 300 oficiales y efectivos de las fuerzas armadas y policías –algunos de ellos con prisiones preventivas– están judicializados por haber defendido a los aeropuertos del sur y haber desbloqueado las carreteras luego del golpe fallido de Pedro Castillo que pretendía cerrar el Congreso e instalar una asamblea constituyente. 

¿Cómo se puede restablecer el principio de autoridad del Estado de derecho y enfrentar el desborde criminal si le damos la espalda a quienes defienden la constitucionalidad? No hay manera.