Nuevos gobernadores y lucha anticorrupción

El presidente Martín Vizcarra ha señalado a los gobernadores regionales que acaban de asumir sus funciones lo siguiente: “Si luchamos contra la corrupción podemos hacer obras”. La frase del jefe de Estado es extremadamente complicada porque la mitad de los gobernadores elegidos —13 de los 26— tienen procesos pendientes, y algunos hasta sentencias sentencias judiciales.

Por ejemplo, el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, —el movimiento radical marxista Perú Libre— es acusado por delitos de colusión agravada, negociación incompatible y malversación de fondos, que habría cometido durante su gestión anterior (2011-2014). Según ha señalado el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín, Boris Olivera, los procesos no han continuado y no se profundizaron por la falta de “reforzamiento del subsistema anticorrupción”, por sobrecarga fiscal inmanejable y por el número restringido de personal, de peritos técnicos y contadores que determinaban los desbalances patrimoniales del acusado Cerrón y de otros.

Las investigaciones sobre el emblemático caso puente Comuneros, obra realizada sobre el río Mantaro durante la gestión de Cerrón —vinculado estrechamente al procesado y detenido por actos de corrupción Martín Belaunde Lossio— fueron declaradas nulas y archivadas por la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en Junín. El caso fue reabierto en enero de 2018. La obra, considerada sobrevalorada y con enormes deficiencias técnicas, se inició en 2011 y hasta ahora las autoridades no entregan la construcción terminada.

Por otro lado, según el Ministerio Público (MP), Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, acumula 54 denuncias. Entre ellas, una por haber presentado en el 2010, junto a su hoja de vida, documentos falsos al Jurado Nacional de Elecciones, cuando pretendía ser alcalde de la municipalidad provincial de Caylloma (Arequipa). Una falta que fue admitida por el mismo Cáceres. Sin embargo, las denuncias más graves que afronta Cáceres son por violación. Según el MP, si aparecen nuevas pruebas, el acusado Cáceres sería procesado y condenado siendo gobernador de Arequipa.

Sobre el gobernador de Puno, Walter Aduviri, la Corte Suprema ha tenido que aclarar que no ha sido declarado inocente por la acusación de actos vandálicos ocurridos el 11 de mayo de 2011, que causaron destrozos a la propiedad pública y privada en Puno. Actos que, posteriormente, ocasionaron la anulación de la concesión de la mina Santa Ana. Por un fallo del  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la anulación de la concesión le costó al país S/ 108 millones. Aduviri fue condenado a siete años de prisión efectiva y al pago por reparación civil de S/ 2 millones en diciembre del 2017, por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno. Aduviri apeló la sentencia y su proceso fue anulado y el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio.

No obstante las numerosas evidencias y pruebas publicadas en los medios provincianos sobre los casos de corrupción de los gobernadores regionales —y de otras autoridades locales— que asumieron sus funciones el pasado primero de enero, las denuncias quedan estancadas durmiendo el sueño de los justos. ¿Por la falta de “reforzamiento del subsistema anticorrupción” o por cierta complicidad entre quienes manejan el sector justicia y las autoridades provincianas?

Parece más que complicado, pues, que Vizcarra busque aliados en las autoridades regionales sentenciadas o investigadas por cargos de corrupción o por delitos relacionados con la violencia familiar y sexual. Si no fuera así, no existirían tantas obras públicas abandonadas a todo lo largo y ancho del país, a vista y paciencia de la población.