¡No taxation without representation!¡La minería en peligro!

La voracidad fiscal del Gobierno de Pedro Castillo no tiene justificación alguna desde los intereses del país y de la continuidad del modelo económico. Si se suman los gastos de los gobiernos central, regionales y locales, la ejecución presupuestal apenas llega al 70%. La pregunta entonces es, ¿para qué se quiere aumentar impuestos a los ciudadanos y empresas?

Pero eso no es todo. En diálogo con este portal, el economista Juan José Marthans ha señalado que, considerando el nuevo endeudamiento público, el pago adelantado de algunas obligaciones y el incremento de la recaudación por el precio de los minerales, el Ejecutivo recibirá un incremento de recursos de alrededor de US$ 8,500 millones. Si hay tanto dinero, ¿para qué se pretende cargar más a menos de la mitad de peruanos, que son los que tributan?

Algo más. Los anuncios de la constituyente, la nacionalización del gas y la segunda reforma agraria sin agroexportaciones, han frenado en seco las posibilidades de crecimiento del país para el próximo año. El 2022 la inversión privada se desplomará. En este contexto, aumentar impuestos es ejecutar a quien agoniza.

Lo más grave de todo es que se pretende matar a la gallina de los huevos de oro; es decir, a la minería. El 2021 la minería aportará más de S/ 12,500 millones por el aumento de los precios de los minerales. Eso significa un aumento de 200% en tributos con respecto al 2020 y de 150% con respecto al 2019.

¿Por qué la minería generará un récord histórico en recaudación? Porque la carga tributaria minera es una de las más altas del mundo: más del 47% sobre utilidades. Para entender el problema vale señalar que Australia tiene una carga de 44%, Chile de 40% y Canadá de 35%. Con estos tres países el Perú compite codo a codo para captar inversiones. Aumentar tributos a la minería, entonces, es anular cualquier posibilidad de nueva inversión. Es matar a la gallina de los huevos de oro.

Por todas estas consideraciones, el Congreso no puede otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar en materia tributaria. Si el Legislativo delega facultades se convertiría en cómplice del intento de liquidar el modelo económico.

Todos los observadores señalan que la voracidad fiscal del Ejecutivo tiene que ver con los bonos y programas populistas de cara a las elecciones regionales del próximo año. No hay otra razón. Al Ejecutivo entonces no le interesa el modelo, la estabilidad fiscal, ni menos los ahorros de los ciudadanos y empresas del país. El Estado “convertido en la fuente de riqueza” demanda aplicar impuestos confiscatorios al sector privado. En otras palabras, una estatización gradual.

Ante esta situación vale recordar el concepto de “No taxation without representation”, que impulsó a las trece colonias del norte de América a desarrollar una de las más grandes revoluciones modernas frente a los impuestos confiscatorios de la Corona Británica. Ese concepto creó los Estados Unidos de América y la grandeza de ese pueblo. 

La idea de “No a los impuestos sin representación” nos señala que no se pueden crear tributos sin la representación de los contribuyentes; es decir, sin los representantes elegidos por pueblo que se reúnen en una asamblea soberana. En otras palabras, no se pueden crear impuestos sin ley aprobada en el Congreso.

Hay que decirlo con absoluta claridad: el anuncio de la asamblea constituyente y las propuestas de nacionalizaciones nos revelan que el Ejecutivo pretende cambiar el régimen político y económico, al margen de la Constitución y sin la participación del Congreso.

En este contexto, el Ejecutivo debe enviar sus proyectos de ley para modificar tributos, y los mismos deben ser tramitados con carácter de urgencia por el Legislativo.

Demandar este procedimiento de parte de la oposición republicana es la manera de defender la Constitución y las libertades.