No hay modelo con el Estado ausente, sin reformas.

Cuando las corrientes comunistas, colectivistas y progresistas plantean la propuesta de la asamblea constituyente no suelen dar mayores razones, excepto su odio al modelo económico –basado en la inversión privada y la desregulación de mercados– que consagra la Constitución de 1993. Y cuando critican al modelo, sobre todo señalan que en muchas provincias del interior faltan carreteras, sistemas de agua y desagüe, escuelas, postas médicas y electricidad. El modelo entonces aparece como el responsable de esas fallas que excluyen a una parte de la ciudadanía.

Sin embargo, la falta de agua potable, carreteras y escuelas, ¿acaso no es responsabilidad del Estado, a través del Gobierno central y los gobiernos regionales y locales? En otras palabras, semejantes brechas sociales, ¿acaso no expresan el fracaso general del Estado? Ahora que las lluvias y huaicos dejan en evidencia que no se han descolmatado los ríos, que no se han construido drenajes ni defensas ribereñas y que los desastres naturales vuelven a ser los mismos que en El Niño del 2017, ¿quiénes deben asumir la responsabilidad? ¿El Estado o el modelo?

A estas alturas es incuestionable que se necesita un Estado presente en la sociedad para que prospere el modelo. En el Perú, el sector privado y los mercados desregulados, de una u otra manera, sacan notas entre 18 y 20 (por establecer algunos criterios), mientras el Estado sale jalado en todo, no obstante que es uno de los que cuentan con mayores recursos en la región, por los aportes del sector privado.

En las últimas tres décadas el PBI se triplicó y llegó a sumar más de US$ 220,000 millones, y los gastos del Estado –considerando el presupuesto de los tres niveles de gobierno y de las empresas estatales– llega a sumar cerca del 25% de la economía nacional. ¿Cómo es posible entonces que no haya obras de reconstrucción en el país?

Sostenemos que el sector privado sale aprobado casi en todo porque representa el 80% de los ingresos totales del Estado y provee más del 80% del empleo nacional (formal e informal). Según diversos organismos multilaterales, el impresionante proceso de reducción de pobreza de los últimos treinta años –del 60% de la población a 20%, antes de la pandemia– se explica porque el sector privado aportó el 75% de ese total de pobreza reducida a través de la creación de empleo.

Planteada las cosas así, el modelo en el Perú falla no por los lineamientos establecidos en la Constitución, que prohíben el Estado empresario, que desregulan mercados, precios y comercio internacional, que consagra la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva, y que establece la inviolabilidad de los contratos y la propiedad privada. De ninguna manera. El modelo falla por los yerros y frivolidad de políticos, por las guerras y polarizaciones públicas y por una cultura predominante en contra de los mercados y la inversión privada que –no obstante los 25 tratados de libre comercio firmados por el país– ha organizado uno de los estados más burocráticos de la región.

Si los políticos están en guerra por un referendo y el cierre inconstitucional del Congreso es evidente que la gobernabilidad y los servicios del Estado no tendrán la menor importancia. En ese contexto, en medio de la guerra política, a nadie se le ocurrirá señalar que los gobiernos regionales –incapaces de invertir en servicios la renta nacional y repletos de corrupción– se han convertido en los peores enemigos del desarrollo.

Igualmente, la cultura anti-empresa promoverá la sobrerregulación de procedimientos, creando un Estado con miles de obstáculos que aplastan las iniciativas de la sociedad y del sector privado. El Estado se ha convertido en el peor enemigo de la empresa privada y los mercados emergentes.

En síntesis, el modelo siempre fallará si las empresas, los mercados y el sector privado producen riqueza como nunca en la historia republicana, pero el Estado es incapaz de redistribuir esa riqueza, por la incapacidad de los políticos y la falta de reformas.