¡No empujen al minero artesanal hacia el antisistema!

La Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami), que agrupa a las organizaciones de los mineros artesanales, anuncia que hoy desarrollará una jornada de protesta nacional en contra de las políticas estatales que excluyen a los mineros artesanales de la legalidad y de la economía de mercado, y que intentan criminalizar sus actividades. Al respecto en este portal hemos publicado editoriales hasta la saciedad señalando que la conducta del pasado Gobierno nacionalista y del actual Ejecutivo con respecto a los mineros informales es absolutamente incomprensible, considerando que los más de 400,000 mineros artesanales del Perú representan una fuerza social proempresarial, promercado y procapitalista.

Los mineros artesanales en el Perú, generalmente los dueños de la superficie debajo de la cual están los yacimientos mineros, son el sector que más ha sido excluido y humillado por la legislación estatal. De un total de 400,000 solo 70,000 han firmado una declaración de compromiso para formalizarse, pero menos de 150 lo han logrado. El motivo: el reglamento del Decreto Legislativo N° 1336 establece que el pequeño productor debe acreditar cinco años de facturas y boletas, libros contables y declaraciones anuales consolidadas ante el Ministerio de Energía y Minas. En otras palabras, al informal se le pide que sea formal.

Pero eso no es todo. El actual Ejecutivo ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1244, que prescribe que los delitos de “minería ilegal” pertenecen a los delitos de crimen organizado. Pero un DL del Gobierno pasado señala que un pequeño minero es “ilegal” cuando carece de los requisitos técnicos, sociales, ambientales y administrativos para la actividad. Es decir, todos los mineros informales podrían ser acusados de crimen organizado.

Si agregamos a estos hechos que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) imponen sanciones, multas y embargos a los mineros informales, y que el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Medio Ambiente continúan con acciones de interdicción, es evidente que cualquier política de formalización es subordinada por la sanción y la persecución. ¿Por qué la minería artesanal representa el sector más excluido y vejado por todas las políticas estatales? Nadie lo entiende.

Para quienes creen que la economía de mercado solo es para las grandes inversiones y que el capitalismo puede reproducir los vicios oligárquicos del pasado, vale recordar que diversas propuestas violentistas y antisistema comienzan a agitar el siguiente planteamiento: “La mina es para quien la trabaja”. Para quienes creen que pueden excluir a los miles de mineros artesanales del mercado, ¿esa consigna nos les recuerda a “la tierra es de quien la trabaja” del velasquismo?

Semejantes informaciones deberían llevar a reflexionar a nuestra élite política, al presidente Kuczynski, a los miembros del Gabinete Aráoz y al Congreso acerca de la enorme importancia de evitar la exclusión de la economía de mercado de un vasto y poderoso movimiento social empresarial. Cuando existan dudas al respecto, quizá sea importante recordar que Estados Unidos, el país del capitalismo puro, se forjó y se consolidó cuando incorporó al contrato social a los millones de mineros artesanales —que crearon la llamada Gold Rush o Fiebre del Oro— reconociendo sus derechos a la propiedad y la inversión. Igualmente la mayoría legislativa no debería dejarse amilanar en su voluntad de representar los intereses del minero artesanal.

Únicamente la reflexión y el sentido común nos impulsarán a forjar una alianza estable entre quienes defienden el proyecto Conga y Tía María y los miles de mineros artesanales. Una alianza para aislar a las propuestas antisistema.