Las bancadas de la centro derecha, en estos meses que restan para el d...
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, ha denunciado la intromisión de Vicente Zeballos, titular de Justicia, en el Ministerio Público (MP) y Poder Judicial (PJ). Zeballos pretende fijar criterios especiales para investigar y juzgar “de manera adecuada” a las personas denunciadas por los delitos de extorsión, bloqueo de la vía pública y contra el orden y la tranquilidad social durante los conflictos sociales.
Fumagalli ha señalado que en la mesa Justicia y Derechos Humanos, realizada del 24 de mayo pasado para resolver el conflicto en Las Bambas, el ministro de Justicia señaló que, entre los acuerdos alcanzados, se pedirá a la Corte Suprema de Justicia que evalúe “las consecuencias penales de la protesta social”. Con esta iniciativa se pretende que los fiscales y jueces examinen los conflictos sociales con criterios especiales, al margen de la Constitución y las leyes. La ley, entonces, no será igual para todos. ¡Inaudito! El mismo ministro de Justicia pretendiendo subvertir el Estado de derecho en el país.
Con la propuesta de Zevallos, en la práctica, se detendría el desarrollo minero nacional, que ha contribuido enormemente a la transformación de las comunidades más alejadas del país. Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE), los ingresos por canon minero de los gobiernos regionales y locales del país a julio de 2018 fueron de S/ 3,157.6 millones, cifra que representa un incremento del 69.5% respecto a 2017. Según la Sociedad Nacional de Minería, en 2018 las universidades nacionales ubicadas en las regiones donde se desarrollan actividades mineras recibieron S/ 154 millones provenientes del canon minero. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre agosto 2016 y junio 2018, Apurímac recibió S/ 514 millones solo por regalías mineras. Una cifra nunca imaginaba por las autoridades locales del departamento.
La intromisión de Zeballos en el MP y PJ obstaculiza el correcto desarrollo de la administración de la justicia y crea una imagen de desconcierto en las inversiones. El informe Los beneficios macro y microeconómicos de la minería, del Centro para la Competitividad y el Desarrollo (CCD) y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), indica que si en Perú se ejecutasen los US$ 50,000 millones de los proyectos mineros, más de ocho millones de personas serían favorecidas directamente y la pobreza alcanzaría solamente al 14% de la población (hoy está alrededor del 21%). El impacto económico de los proyectos aportaría al crecimiento del Producto Bruto Internado ¡hasta el 11%! ¿Zeballos, el ministro provelasquista de Vizcarra, pretende bloquear el bienestar de todos los peruanos?
Esta interferencia inconstitucional del ministro Zeballos en el MP y PJ es parte de la estrategia marxista que intenta ralentizar la economía nacional. El objetivo es detener la producción del país para crear climas de inestabilidad social con protestas callejeras. Esto favorece a la izquierda, que es campeona monopolizando las demandas de la población de manera pública y violenta.
El ministro Zeballos, vinculado estrechamente a los sectores marxistas del país, ha señalado además que el Estado debería volver a hacerse cargo de los sectores productivos estratégicos del país. Es decir, quebrantando la Constitución de 1993, Zevallos propone el regreso del Estado empresario, que tanto daño le hizo al Perú entre 1968 y 1990. Y la secuela de esta intromisión nefasta aún subsiste.
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