La masacre en Pataz debe ser un punto de quiebre para el Ejecutivo

El asesinato de 13 personas en la provincia de Pataz, región La Libertad, tiene que representar un punto de quiebre para que el Gobierno de Dina Boluarte tome la decisión de enfrentar con firmeza todo acto delictivo, principalmente la criminalidad vinculada a las actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el sicariato.

En los años noventa el Gobierno de entonces tomó la decisión de enfrentar el terrorismo y lo hizo adecuando la legislación a una situación excepcional que desafiaba la vigencia del propio Estado, como los jueces sin rostro. Contemporáneamente, en el ámbito internacional, también han surgido experiencias exitosas, como la liderada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, que recibió uno de los países más violentos del mundo y lo ha convertido en uno que atrae inversiones por la seguridad que ostenta.

El Ejecutivo u otras instituciones interesadas en el restablecimiento de la seguridad ciudadana podrían comunicarse con las autoridades de El Salvador para conocer la legislación implementada, el costo del centro penitenciario conocido como el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), hasta podría tenerse acceso al expediente técnico para replicar una o más edificaciones similares, las cuales podrían construirse mediante el mecanismo de Obras por Impuestos  y en simultáneo si fuese necesario por el el número de internos.

La Superintendencia de Bienes Nacionales debería proporcionar cuales son los espacios disponibles donde podrían edificarse los nuevos centros penitenciarios en zonas alejadas de las ciudades. De esta manera no existirá la posibilidad de que se realicen extorsiones desde los centros de reclusión, y se liberarían los terrenos ocupados por las cárceles en los actuales cascos urbanos, cuyo valor ayudaría al financiamiento de los futuros reclusorios.

El Ejecutivo también podría emitir un decreto de urgencia suspendiendo la visita a todos los centros penitenciarios del país, inicialmente por 90 días, para llevar a cabo una requisa de equipos e instrumentos que no deberían estar en los penales. Adicionalmente, se debería establecer una política de rotación del personal a cargo de la seguridad interna y externa de los penales para prevenir el riesgo de la cotidianeidad. 

Por otro lado, se debería convocar al sector privado para promover el surgimiento de empresas privadas encargadas de la administración de los centros penitenciarios. Si instituciones como el Ministerio Público u otros no desean participar del Consejo Nacional de Seguridad –lo que demostraría su inacción, falta de voluntad para colaborar ante una situación de emergencia o hasta situaciones de otro tipo– quizás sea el sector privado o la Conferencia Episcopal quienes deban realizar tareas de intermediación. La realidad obliga a una acción coordinada y nadie puede eximirse de responsabilidad. 

El Poder Ejecutivo, a través de la Policía Nacional suele capturar delincuentes y reclama constantemente que la Fiscalía los libera por diversos motivos, a pesar de que muchas veces los mismos detenidos vuelven a estar implicados en nuevos actos criminales. Quizás es el momento de que el Ministerio Público comunique qué es lo que considera necesario implementar para que colabore de manera más eficiente en la lucha contra la criminalidad. Un rol similar debería llevar a cabo el Poder Judicial.

Lo cierto es que no deberían seguir los asesinatos de ciudadanos, ni las extorsiones que expolian el fruto del trabajo honesto de los connacionales, ni tolerarse las actividades de las bandas criminales nacionales o extranjeras que están asolando al país.

Hasta en la Biblia se establece la justicia retributiva con la finalidad de desincentivar que las personas naturales hagan justicia por sí mismas (Éxodo 21:23-25, Levítico 24:19-21 y Deuteronomio 19:21), porque la responsabilidad de la administración de la justicia recae en el Estado, que establece los límites del accionar en contra del delito. Hay quienes confunden lo recogido por Mateo 5:38-48 de las enseñanzas de Jesús, quien propone amar a sus enemigos y orar por sus perseguidores; pero, el perdón, la misericordia y la reconciliación son actos personalísimos de las víctimas con respecto a sus agresores. La víctima puede ser magnánima inclusive con su victimario, aunque este no muestre arrepentimiento alguno. En cambio, la función primordial del Estado es preservar la seguridad de sus ciudadanos, porque nada asegura que un criminal haga un auténtico acto de contrición frente a los delitos que haya cometido.