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Días atrás, el Poder Ejecutivo otorgó la licencia de construcción de la mina Tía María, ubicada en la provincia de Islay (Arequipa). El presidente Vizcarra hizo cumplir la ley, y esa es una magnífica señal que alentará las inversiones en el país. La buena noticia se completa con todo el aporte que vendrá con Tía María. Incrementará el producto nacional en 0.4%. Asimismo, los S/ 5,600 millones por canon y regalías que aportará en 20 años pueden servir para construir 7 hospitales y 17 centros de salud, 183 colegios, 220 kilómetros de redes de agua potable, 300 kilómetros de vías asfaltadas y 4 millones de metros cuadrados con sistema de riego tecnificado. Arequipa recibirá cada año, por canon y regalías, S/ 273.4 millones, de los cuales la provincia de Islay recibirá más de S/ 100 millones al año. ¡Cuántos departamentos quisieran un Tía María en su territorio!
No obstante todos los beneficios que el proyecto otorgará al país, el congresista Marco Arana —del Frente Amplio (FA) y artífice de la paralización del proyecto de cobre Conga en Cajamarca— y el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, han señalado su posición contraria al otorgamiento de la licencia a Tía María. Por otra parte, el movimiento antiminero se ha declarado en alerta permanente y está coordinando manifestaciones públicas para detener el proyecto “a como dé lugar”.
Es bastante probable que los dirigentes de distintos gremios y frentes sociales, inventados por la izquierda antidesarrollo, reediten acciones violentas como las ocurridas en 2015. Ya han ensayado. En el último paro convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), del pasado jueves 20 de enero, un grupo de motociclistas recorrió los distritos de Deán Valdivia, Punta de Bombón y Cocachacra amenazando a los pobladores y a los comerciantes, obligándolos a cerrar las puertas de sus negocios. Como si fueran los “comisarios” de las calles, como ahora se usa en Venezuela, obligan a los pobladores a acudir a las manifestaciones. ¡A este nivel de violencia se está llegando!
Los denominados “espartambos” —que pretenden ser algo así como “espartanos antimineros”— volverán a las calles con sus hondas y sus huaracas asustando a quienes están de acuerdo con el proyecto minero: el 71% de la población que, según encuestas, apoyan el proyecto de cobre. Tía María es legítimo, avanza con paso firme. Por ejemplo, la valiente profesora Nuri Eguiluz ha señalado que “mucha gente está a favor del proyecto, aunque otros se han dejado convencer por los que están en contra, aprovechándose de la ignorancia del pueblo”.
Tía María es un proyecto de talla mundial, amigable con el medio ambiente y con una inversión de US$ 1,400 millones. Utilizará la técnica de lixiviación para producir anualmente 120,000 toneladas métricas de cátodos de cobre de 99.999% de pureza. En su etapa de construcción el proyecto ofrecerá 9,000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y 4,200 empleos durante los próximos 20 años. Como señaló en su momento Juan Valencia, ex dirigente de construcción civil de la provincia de Islay, “la construcción de la mina ocupará a gran parte de los pobladores del distrito de Cocachacra y de la provincia de Islay”.
En un documento dirigido a Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas (MEM), Óscar González Rocha, presidente Ejecutivo de Southern Perú, se compromete a no iniciar la construcción de la mina sin antes coordinar con el Ejecutivo en todos los espacios de diálogo posibles. Asimismo, garantiza a la población que Tía María no afectará a otras actividades económicas, refiriéndose a las actividades agropecuarias que se desarrollan en el valle de Tambo. “Todo lo contrario, nuestra presencia en la zona de influencia garantizará el fortalecimiento de las actividades ya existentes, como aliados del desarrollo hídrico para la expansión de la frontera agrícola”, señaló González Rocha.
Es la hora de la mayoría silenciosa. ¿Un pequeño grupo de revoltosos ideologizados evitará el progreso y bienestar de la mayoría? Claro que no.
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