Más de 15 días de bloqueos contra Las Bambas y el Perú

Han pasado dos semanas desde que un pequeño sector de pobladores de Chumbivilcas bloqueó la vía por donde Las Bambas - MMG transporta los concentrados de cobre hacia el puerto. El bloqueo y la violencia no tienen ni pies ni cabeza: los pobladores exigen que se declare a Velille zona de influencia directa de Las Bambas –pese a estar a 200 kilómetros de la mina– y demandan contratos extorsivos de transporte para algunas empresas. 

En otras palabras, una pequeña minoría violentista ha paralizado una de las diez minas más grandes del planeta, zurrándose en la Constitución, las leyes y el principio democrático de autoridad. El atentado no solo es contra los apurimeños, también representa una guerra abierta contra el Perú. Las Bambas aporta el 1% del PBI, genera 8,000 empleos directos y ha creado más de 75,000 empleos inducidos. Antes de la inversión de la mina, la pobreza de los distritos de Apurímac superaba el 60% de la población, mientras que hoy está debajo del 40%. En resumen, Las Bambas es uno de los mejores acontecimientos para Apurímac en los 200 años de vida independiente.

Sin embargo, una minoría ha paralizado la mina y puesto en vilo a todo el Perú y a los apurimeños. Frente a esta situación, el Estado, el Ejecutivo y el propio presidente Castillo tienen la ineludible responsabilidad de recuperar el principio de autoridad democrática en la zona. Hasta hoy no se declara el estado de emergencia.

Frente a la prepotencia de esta minoría radicalizada en Chumbivilcas, las mayorías apurimeñas y nacionales comienzan a reaccionar. El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Nuñez, ha denunciado que con cada día de paralizaciones los 84 distritos de Apurímac pierden en promedio S/ 1.5 millones. 

Ahora los alcaldes de la provincia de Cotabambas, Rildo Guillén, del distrito de Haquira, Gonzalo Paz Velásquez, y del distrito de Mara, Isaac Willington Guzmán, acaban de enviar una carta a la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, exigiendo que se recupere el principio de autoridad en la vía bloqueada. De lo contrario, exigen un Fondo de Compensación Social por S/ 800 millones por conceptos de regalías contractuales y canon minero para garantizar los proyectos de los gobiernos subnacionales en el 2022. Agregan que la empresa Las Bambas retiene en sus almacenes más de 150,000 toneladas de producción que se no puede transportar

Pero eso no es todo. Ante la inacción del Estado y el abandono del principio de autoridad del Gobierno de Castillo, proponen una ruta alterna –para el traslado del concentrado de cobre y provisión de insumos– a través de Challhuahuacho, Haquira, Antabamba en la provincia de Cotabambas para luego conectarse a la vía nacional Abancay-Puquio. Agregan que no puede suceder que minorías de otras regiones como Cusco afecten la producción nacional de Apurímac y todo un país.

Asimismo, más de 40 empresas contratistas de Las Bambas acaban de pronunciarse exigiendo que se restablezca el principio de autoridad frente a la dictadura de minorías extorsionadoras. El desenlace de la crisis de Las Bambas tiene que ver con el futuro de toda la minería en el Perú. Si las minorías radicalizadas se imponen con la violencia y la sinrazón, entonces toda la minería nacional estará en peligro.

Vale recordar que desde que se iniciaron las operaciones de la mina, Las Bambas acumula más de 400 días de paralizaciones. Algo impensable en una de las diez minas más grandes del planeta. Igualmente, la violencia y las paralizaciones han determinado que, de una producción proyectada de 450,000 toneladas de cobre (TMC) anuales ahora, la mina produzca menos de 300,000 TMC al año. Un verdadero crimen social, en momentos en que el precio del cobre alcanza niveles altos históricos.

Planteadas las cosas así, y ante la indolencia del Ejecutivo, ¿quién defiende a los apurimeños y a los peruanos del ataque de las minorías radicalizadas?