Mangoneando a la justicia constitucional

Un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de evitar una inminente acusación constitucional en el Congreso por haber modificado un fallo previo del propio TC, que establecía que los delitos de lesa humanidad no aplicaban para el caso El Frontón. La señalada modificación establece que sí corresponde aplicar lesa humanidad y que, por lo tanto, los presuntos delitos no han prescrito. Ante esta situación los afectados presentaron una acusación constitucional contra los señalados magistrados.

¿Por qué los magistrados que recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran que una eventual acusación constitucional menoscaba su función jurisdiccional? ¿Acaso se consideran inimputables y que la Constitución y la ley no los alcanza?

Y es que la conducta de los magistrados fue realmente de Ripley. Cuatro magistrados consideraron que podían interpretar la decisión de un pleno anterior del TC y “corregir” la votación de uno de los magistrados que ya había cesado. En un acto que, en cualquier parte del planeta, desataría la reacción indignada de la comunidad democrática, los medios y los juristas especializados, los mencionados magistrados interpretaron que el voto a favor de un habeas corpus del jurista Vergara Gotelli, solicitado por los marinos, en realidad, era un voto en contra. ¿Cómo lo hicieron? Nadie lo sabe, y desde el punto de vista de la Constitución y las leyes no hay modo de justificar semejante conducta jurisdiccional.

¿Cómo se atrevieron a tanto? Es evidente que detrás de esta conducta están las estrategias de las ONG de izquierda que pretenden prolongar de manera indefinida el vía crucis judicial de los marinos, estirando la ley para que puedan ser procesados por delitos de lesa humanidad y no se produzca la prescripción de los delitos. El motivo: diversificar las estrategias de financiamiento de sus ONG. Nada más.

El vía crucis judicial de nuestros soldados empezó cuando se presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de los marinos que participaron en el debelamiento del motín en El Frontón. En el 2003 nuestro país firmó un convenio sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero con la clara reserva que solo se aplicaba hacia adelante. ¿Cómo entonces se podía procesar un caso de 1986? Luego el TC interpretó que esa reserva no era constitucional. Es decir, un rosario de marchas y contramarchas que explican las presiones políticas y mediáticas alrededor de caso.

Ya en el 2013, los marinos presentan un habeas corpus ante el Poder Judicial y el TC les otorga la razón por cuatro votos; pero en un acto de audacia extrema, cuatro magistrados interpretan que el voto a favor de un magistrado no era a favor. Algo más. El pleno que otorgó el habeas corpus a favor de los marinos estableció que en el caso El Frontón no hubo delitos de lesa humanidad, según el propio Tratado de Roma.

Cuando la izquierda comienza a mangonear y a manipular instituciones tutelares de la democracia, como el propio Tribunal Constitucional, quizá no sea demasiado consciente de que está hiriendo de gravedad a la propia democracia; o es consciente y el asunto no le interesa demasiado, por su escasa vocación democrática. Sin embargo semejante conducta no debería merecer la tolerancia y la contemplación que hoy parece existir en algunos sectores de la opinión pública con respecto a esta voluntad extremista de judicializar a los rivales políticos o a quienes no piensan como uno. La conducta intolerante llega a tal extremo que se intenta mangonear, incluso, al sistema de justicia interamericano para justificar una conducta jurisdiccional que no se puede justificar aquí ni en ninguna parte del planeta. En todo caso, el Congreso tiene la palabra.