Los protocolos y el desborde social

Ayer fue el primer día de la llamada “nueva convivencia social” –tal como denominó el Ejecutivo a la etapa del confinamiento hasta fines de junio; sin embargo, en diferentes ciudades del país, las actividades del comercio y del transporte parecían desarrollarse de manera normal. Ante la demanda de transporte en la capital Jorge Muñoz, alcalde de Lima, incluso planteó que “los pasajeros puedan viajar parados manteniendo la distancia social”. La realidad desafiaba cualquier directiva.

Para todos era evidente que ya no había confinamiento en el país. Una vez más la autoridad del Estado era desbordada porque los sectores informales de la sociedad no pueden acatar la decisión del Ejecutivo de permanecer tres meses y medio sin trabajar, hasta finales de junio. En una sociedad en donde el 60% de la economía y la sociedad se entrecruza con la informalidad, el escenario de desobediencia civil ante las políticas sanitarias era más que previsible. Sin embargo, el Perú no puede renunciar a desarrollar una política sanitaria eficaz que reconozca la decisión ciudadana de volver a trabajar, de reactivar la economía. 

El Ejecutivo entonces debería recoger estos macizos datos de la realidad y corregir sobre la marcha para desarrollar una estrategia sanitaria. Y la primera conclusión es la siguiente: luego de dos meses y medio de rígido confinamiento es imposible desconocer la decisión ciudadana de volver a trabajar para sobrevivir. Imposible. En ese sentido la idea de convertir al Ministerio de Salud (Minsa) en la dependencia que aprueba los protocolos de cada sector de la economía y, por lo tanto, el destino de la economía, de la sociedad y las familias, solo agravará el desborde social, la informalidad y la explosión de las infecciones en el país.

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo reactivar desarrollando una política sanitaria eficaz? Tal como lo ha planteado el economista César Peñaranda, en este portal, el Ejecutivo debería aprobar “un protocolo general” - que sería una guía general o plan- para la reactivación que contemple el criterio sanitario de la distancia social de un metro en los puestos de trabajo y en el uso del transporte público, la utilización de la mascarilla y los equipos de protección especial necesarios y el obligatorio lavado de manos. Bajo estos presupuestos todas las empresas que puedan disminuir el ritmo reproductivo básico (RO) del virus a menos de 1 deberían volver a la actividad económica sin esperar las denominadas fases que sobrerregulan todo, agravan la recesión y disparan la informalidad y las infecciones del Covid-19. Peñaranda agrega que las empresas son las más interesadas en garantizar los criterios sanitarios porque es la manera directa de preservar sus inversiones.  

Los burócratas del Minsa, responsables del fracaso de las políticas de contención de la pandemia, parecen enajenados de la realidad. Por ejemplo, han establecido que por cada mil trabajadores las grandes corporaciones contraten a un médico. Como lo dijimos en un editorial anterior, algunas empresas agroexprotadoras llegan a contratar a 30,000 trabajadores por campaña. Es decir, deben contar con 30 médicos. Una verdadera locura burocrática en un país donde no hay galenos para los hospitales y en el que se promueven la llegada de médicos cubanos que apenas estudian cinco años.

Para las pequeñas empresas, simplemente no hay propuesta de reactivación ni política sanitaria, no obstante que el 95% de las empresas en el país corresponde a las pymes. Los protocolos son inalcanzables para estos sectores, y de allí la desobediencia civil que contemplamos cada día, el aumento de la informalidad y la explosión de las infecciones. Los sectores de la minería artesanal, del calzado, del comercio popular, no están comprendidos en los planes de reactivación. Sin embargo, los mercados populares comienzan a hervir de vendedores y compradores.

Ante esta situación, el Estado debería aplicar los criterios de la estrategia comunitaria que busca aislar al virus en la sociedad –en alianza con las dirigencias populares– antes de que llegue a los hospitales. ¿Qué significa algo así? En vez de pretender, por ejemplo, cerrar los mercados informales de Gamarra, los representantes del Estado deberían conversar con estos vendedores para organizar la distancia social, el uso de mascarillas y un sistema lavado de manos. Apenas exista el compromiso del Estado de reconocer la realidad, los desobedientes informales se convertirán en actores de un nuevo orden. Recordemos que así le ganamos la guerra a Sendero. ¿Por qué no podemos arrinconar al virus?

El Perú no tiene otra salida que plantear una política sanitaria que reconozca la voluntad de la sociedad, de las empresas, los sectores emergentes y los mercados populares de volver a trabajar. ¿Quién no lo haría? Quizá el burócrata que recibe mensualmente su sueldo luego de que el sector privado financia más de 85% de los ingresos fiscales.

La recesión se devorará entre 12% y 15% del PBI, destruirá dos millones de empleos y elevará el número de pobres de seis a nueve millones. La letalidad que desatará el hambre será largamente mayor que el virus. En la decisión de la sociedad de volver a trabajar, pues, existe algo de sabiduría.