Los peligros del discurso anti empresarial

La noticia de que los más importantes grupos empresariales entregaron dinero en efectivo a la campaña de Keiko Fujimori ha desatado críticas legítimas, pero también ha resucitado con creces la estrategia colectivista, comunista, que busca convertir al empresariado nacional –a la burguesía– en el nuevo enemigo del desarrollo y la transparencia.

A primer golpe de vista parece injustificado que los empresarios entreguen sumas en efectivo. No es congruente con el tipo de empresariado que ha surgido en los últimos 30 años bajo la sombra de las reformas económicas de los noventa: empresas en abierta competencia con los mercados mundiales y distanciadas del Estado (excepto las de infraestructuras). No obstante esas formas de aportar a las campañas han formado parte de la práctica de los últimos comicios electorales por falta de una legislación que liberalice los aportes, obligue a la bancarización y la declaración de conflicto de intereses, tal como sucede en Estados Unidos.

De otro lado el argumento de la amenaza chavista que esgrimen los empresarios no parece descabellado si analizamos el programa colectivista de La Gran Transformación –descartado por la Hoja de Ruta– de Ollanta Humala y la millonaria campaña del nacionalismo. En este tema, pues, hay verdades y mentiras, luces y sombras.

Sin embargo, la campaña anti empresarial, al parecer, busca otra cosa. Pretende ir agregando los ingredientes que justifiquen un estallido social tal como ha sucedido en Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. Ese es el objetivo de la artillería que convierte a los empresarios en el origen de todos los males del Perú.

Vale recordar algunas cosas que los propagandistas contra el sector privado suelen olvidar. Luego de las reformas económicas que desregularon precios y mercados, que terminaron con el estado empresario y el proteccionismo (es decir, que acabaron con el chavismo económico) surgió un empresariado competitivo, de cara a los mercados mundiales. Los ejemplos en agroindustria, lácteos y minería son innumerables. Gracias a ese nuevo empresariado, la pobreza se redujo del 60% de la población a solo 20%. Estudios de los organismos multilaterales señalan que del total de pobreza reducida, el 75% es aporte privado.

Hasta el 2014 –año en que empezó la lentificación económica– las tasas de crecimiento de la inversión privada eran del 5% y el total invertido por los privados sumaba el 25% del PBI.  Hasta hoy el sector privado (formal e informal) absorbe el 80% de la demanda del empleo y aporta el 80% de los ingresos fiscales. ¿Cómo entonces se puede desarrollar una campaña anti empresarial con tanta facilidad y ligereza?

Los empresarios tienen errores, es verdad. Quizá uno de los mayores sea haber renunciado a convertirse en clase dirigente, promoviendo el debate ideológico y cultural en la sociedad –tal como pasa en las sociedades abiertas–, para evitar los pánicos y desesperaciones de cada campaña electoral.

Detrás del intento de demonizar al sector privado es incuestionable que está la voluntad de hacer pasar el mensaje colectivista, comunista, obviando que los grandes fracasos del modelo establecido en los últimos 30 años no provienen de las empresas privadas, sino fundamentalmente del Estado. No solo en la provisión de servicios como educación, salud y carreteras, sino también en los casos de corrupción que hoy sacuden al país y enturbian la agenda pública.

Por todas estas consideraciones, es fundamental separar la paja del grano en este tema. Y comprender que sin sector privado mayoritario en la economía no hay libertad, ni tampoco eliminación de la pobreza o expansión del bienestar.