¡Los enemigos de los pobres!

Radicalismo antiminero y ecologismo radical contra Las Bambas

La semana pasada se conoció que el radicalismo antiminero impulsaba un paro general contra el proyecto minero Las Bambas tratando de utilizar algunas diferencias entre la empresa minera y las comunidades. Se arguye que el estudio de impacto ambiental “viola los compromisos de la empresa”. En este portal lo habíamos señalado: luego de bloquear el desarrollo de Tía María en Arequipa, el radicalismo apuntará hacia Las Bambas, un megaproyecto que representa US$10,000 millones en inversión. De allí que en vez del diálogo hoy se desate una nueva violencia.

Detrás de este paro existen una serie de razones, pero el colectivismo radical sabe agitar y construir psicosociales mientras sueña con una economía estatista, sin mercado, y sin empresas privadas que exploten los recursos naturales.

El problema se complica: existen alrededor de US$ 22,000 millones de inversiones mineras paralizadas en momentos que se agrava la desaceleración de la economía. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), debido a la paralización de los emprendimientos mineros, entre el 2008 y el 2014 se perdió 2.2% del PBI anual. En otras palabras, la grave desaceleración que hoy nos afecta no sería de esa magnitud: creceríamos por encima del 4% del PBI.

Pero eso no es todo. Si es que las inversiones mineras proyectadas se hubiesen ejecutado la pobreza no se habría reducido a 23% de la población sino a 17%. Es decir, más de un millón y medio de personas habría dejado la pobreza. ¿Cómo se llama a esto? ¡Un verdadero crimen social!

Los intelectuales de izquierda suelen dorar la píldora de la desaceleración señalando que todo se explica por la caída de los precios de los minerales. Una verdad a medias. Los precios están todavía cuatro veces por encima del promedio de los de hace una década y Yanacocha insiste con Conga y Southern persiste con Tía María no obstante las guerras declaradas del radicalismo anti minero. La única explicación de la persistencia es que las inversiones siguen siendo rentables.

En este crimen social contra los pobres del Perú convergen diversas fuerzas. Por un lado está el radicalismo antiminero que reúne a diversos movimientos (etnocaceristas, movadef, sectores de Patria Roja) que se agrupan bajo las elaboraciones ideológicas de Tierra y Libertad (Ty L), más allá de que en la última edición de Perumin los dirigentes de este movimiento hayan levantado banderas blancas y usando pieles de cordero para manifestar su identificación con la “minería responsable”.

De otro lado, está el estado como el gran responsable, no solo porque no provee servicios de educación, salud, infraestructura, a las comunidades adyacentes a los proyectos mineros (pese a los enormes recursos de la caja fiscal), sino también por haber permitido que el ecologismo radical colonice el Ministerio del Ambiente.

El presidente del BCR, Julio Velarde, acaba de afirmar que el 2009 existían 45 normas y leyes que regulaban la actividad minera mientras que ahora existen 201. Es decir, las sobrerregulaciones del extremismo ambiental contra las inversiones formales se han incrementado en 350% mientras la minería informal se extiende y destruye el medio ambiente.

Mientras el PCM, Pedro Cateriano, alienta las inversiones, Oxfam y el ecologismo radical siguen sobrerregulando el sector para que algunos funcionarios se consigan “algo”, ya sea en eventos mundiales o en burocracias doradas.

El mayor enemigo de los pobres, pues, es claramente identificable. Es la frivolidad de siempre, que envuelve los “intereses particulares” con “la lucha por el medio ambiente” o la “defensa de la agricultura frente a la minería”.