Los dilemas del Gabinete Vásquez

¿Acaso la designación del nuevo gabinete, presidido por Mirtha Vásquez, difumina la evidente y frontal amenaza colectivista que ha representado los dos primeros meses de la administración Castillo? ¿Acaso el relevo de Guido Bellido, el peor presidente del Consejo de Ministros (PCM) de nuestra historia republicana, es suficiente para reparar el daño causado a la economía nacional? Creemos que no, de ninguna manera.

Para nadie es un secreto que la flamante PCM está identificada con las corrientes antimineras más radicales que, sobre todo, se expresó en un intenso activismo en contra de las inversiones mineras en Cajamarca. Igualmente, para nadie es un secreto que cuando la PCM fue presidente del Congreso promovió la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, una de las mejores leyes económicas de las últimas dos décadas, que explica nuestra conversión en una potencia agroexportadora mundial con envíos anuales de más de US$ 7,000 millones.

Para aumentar las suspicacias habría que señalar que la nueva PCM ha identificado su trayectoria política con la propuesta de una nueva asamblea constituyente que busca derogar el régimen económico actual e instaurar un modelo colectivista basado en el estado-empresario. 

Planteada las cosas así, ¿cuál es la novedad del gobierno de Castillo? ¿Qué nuevos aires puede convocar la gestión de la señora Vásquez? Es incuestionable que, en contra de los exabruptos y despropósitos de Bellido, las buenas maneras de la señora Vásquez le agregarán optimismo a la situación política. Sin embargo, tal como están las cosas con respecto a las instituciones, la economía y la sociedad, se requiere cambios dramáticos.

Luego del periplo destructor de las primeras semanas de la administración Castillo cualquier intento, como se dice, de dorar la píldora está condenado al fracaso. Si con la designación del Gabinete Vásquez el presidente Castillo pretende ganar tiempo para implementar su proyecto de “república plurinacional” se equivoca de cabo a rabo. Más temprano que tarde el Perú retornará la polaridad previa a la renuncia de Bellido.

Por todas estas consideraciones, si el gobierno de Castillo pretende recuperar la gobernabilidad, la confianza de los empresarios –grandes, medianos y pequeños– que han dejado de invertir; si se quiere evitar que la pobreza vuelva a aumentar y si se intenta construir la paz social, el camino es uno solo: el viraje hacia el centro y el respeto a la constitucionalidad establecida.

En ese sentido consideramos que el Ejecutivo debería pronunciarse señalando que la convocatoria de una asamblea constituyente no es prioridad para un gobierno que enfrentará un peligroso frenazo de la economía en el 2022. Igualmente, una asamblea constituyente no puede ser prioridad frente a una subida incontenible del dólar que ningún ahorro en reservas podrá detener; un aumento del dólar que incrementa los precios de la canasta básica y comienza a resucitar el fantasma de la inflación.

Asimismo, el Ejecutivo y la nueva PCM deben desmarcarse de todas las corrientes antimineras que, ya sea por razones ideológicas o intereses extranjeros, se oponen sin razón y fundamento alguno a los proyectos mineros del país. Los casos de Tía María y Conga son paradigmáticos en este sentido. ¿Qué argumento atendible se ha planteado para que estos proyectos continúen paralizados? Semejantes criterios representan un verdadero crimen social contra los pobres, cuando el precio del cobre llega a incrementarse a niveles históricos.

Igualmente, el Ejecutivo debe abandonar los trapos viejos de “la segunda reforma agraria”, que solo buscan popularidad fácil, y debe reafirmar que la transformación del agro pasa por convertir el modelo agroexportador en el modelo de toda la agricultura del país. Más de 2.2 millones de parceleros quieren alcanzar la prosperidad y el bienestar de las agroexportaciones.

Como se aprecia, la crisis devastadora que ha desatado la administración Castillo, luego de tres décadas de crecimiento, no está para gambitos ni saludos a la bandera.