Las minas del sur bajo amenaza constante

Un reporte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señala que los envíos de cobre al exterior cayeron en 12% en los cinco primeros meses del año. En el mismo periodo del año pasado —de enero a mayo— las exportaciones sumaron US$ 6,219 millones, mientras que las exportaciones de este año sumaron US$ 5,471 millones. 

Este resultado negativo para la economía peruana es consecuencia directa de los conflictos generados por la izquierda antiminera, emplazada en el denominado Corredor Minero del Sur, que comprende los departamentos de Arequipa, Apurímac y Cusco, en donde se produce más del 50% de cobre peruano. No se entiende por qué el Ejecutivo ha abandonado su responsabilidad de garantizar las actividades productivas del país. El presidente Martín Vizcarra, por una supuesta popularidad, está dejando que la producción nacional sea acosada constantemente por la izquierda anticapitalista. 

Peor aún. El Estado, en determinadas circunstancias, parece ponerse del lado de los antimineros. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, ha promulgado un Protocolo de Protección para supuestos defensores de DD.HH, es decir, de todas las ONG de izquierda que suelen defender legalmente a los radicales violentistas. Asimismo, el Estado parece renunciar a ejercer la Constitución y la ley en las zonas mineras. Ni la policía, ni los fiscales ni los jueces parecen interesados en imponer el orden.

Los extorsionadores hacen de las suyas en el sur peruano. Por ejemplo, los “asesores” de los dirigentes de las comunidades del distrito de Velille (en Chumbivilcas, Cusco) les han hecho creer a los pobladores que son parte de la zona de influencia de Las Bambas. Por este motivo exigen a un pago de S/ 50 millones al año; de no recibir ese dinero, bloquearían también la carretera que conduce de la mina al puerto de Matarani. Los dirigentes, influenciados por los asesores vinculados a “los chavelos” (por los hermanos Frank y Jorge Chávez, asesores de la comunidad de Fuerabamba, acusados de extorsión ante el Ministerio Público) no piden obras para sus poblados, sino dinero en efectivo para gastarlo en consumo. El motivo: los “asesores” reciben un porcentaje por “comisión”. 

Todo esto sucede porque el Estado continúa fracasando en la provisión de los servicios públicos de su responsabilidad: salud, educación, carreteras, seguridad y asistencia técnica para las actividades económicas de las comunidades. La izquierda marxista se aprovecha de esta situación para instigar a los pobladores, señalando que las empresas están en la obligación de resolver sus necesidades.

En este contexto, ha quedado demostrado que la falta de gestión y capacidad técnica de las autoridades es determinante para el malestar ciudadano. Según el portal del Ministerio de Economía (MEF), en promedio, en los primeros meses del año solo hubo un 19% de ejecución de gasto en todas las municipalidades y regiones del país.

No obstante esta situación adversa, las empresas mineras siguen apostando por relaciones sociales constructivas con las poblaciones. Por ejemplo, Hudbay participa de la solución de los problemas de los pobladores suscribiendo convenios anuales de hasta S/ 3 millones para realizar obras relacionadas con la educación, la salud, el medio ambiente y las actividades económicas de las comunidades. 

A la falta de Estado, las mineras —por propia voluntad— participan como buenos vecinos en el bienestar de los poblados.