Las mesas de diálogo en el candelero

El radicalismo antiminero, representado por la Red Muqui y Cooperacción, denuncia que el Ejecutivo ha cancelado las mesas de diálogo que el Estado forma cuando abdica de su autoridad. Una evidente media verdad frente al Decreto Supremo Nº 120-2018-PCM, publicado el pasado 8 de diciembre. La norma establece la eliminación de 55 comisiones, comités, grupos y equipos de trabajo, consejos y mesas de diálogo del Poder Ejecutivo que ya cumplieron con los objetivos de su creación o han creado duplicidad o superposición de funciones y atribuciones entre sectores, entidades, funcionarios y servidores públicos.

Los antimineros, con la intención de seguir socavando el principio de autoridad del Estado, levantan la noticia oponiéndose a la eliminación de la Mesa de Diálogo Multisectorial para el desarrollo de la Provincia de Casma (RM N° 096-2013-PCM), cuya función era coordinar, articular y monitorear la gestión ambiental marino-costera. Claramente, la mesa duplica y superpone funciones y actividades cuando existe el Instituto del Mar Peruano (Imarpe), las capitanías de puertos y la dirección ambiental de la Marina.

Asimismo, reclaman por la Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas (RM N° 263-2015-PCM), formada durante el Gobierno de Ollanta Humala y con vigencia de 180 días. Es decir, hace más de dos años debió haber dejado de existir. El objetivo de la mesa era impulsar soluciones a los problemas existentes y preservar la seguridad de las personas, el orden público y la paz social. ¿No es esa, acaso, la función de las autoridades elegidas por la población?

El DS Nº 120-2018-PCM —suscrito también por los ministros del ala izquierda del Gabinete, Christian Sánchez de Trabajo, Ana María Mendieta de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fabiola Muñoz del Ambiente— señala que, de acuerdo a la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Ley Nº 27658), el Gobierno está facultado para llevar a cabo todas las acciones destinadas a elevar los niveles de eficiencia y optimizar los recursos públicos.

Entre las 55 “entidades” (mesas de diálogo) creadas desde hace más de 25 años —muchas de ellas de manera temporal, pero que nadie se atrevía a eliminarlas—, están una comisión sobre la palma aceitera, un consejo de imagen del sector agrario, un grupo para optimizar la calidad ambiental, una comisión para promover la imagen del país, una mesa sobre adolescentes en conflicto, un comité de transferencia tecnológica, una comisión de capacitación laboral y una “comisión multisectorial de naturaleza permanente para el seguimiento de la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto” (¿?).

Hace bien el presidente Martín Vizcarra desmontado pequeñas estructuras burocráticas que ocasionan gastos inútiles al Estado y crean conflictos por superposición de funciones. Por ejemplo, desde 1993 existía una comisión encargada de coordinar y supervisar el cumplimiento del reglamento de prevención y control del cáncer profesional, conformado por dos representantes del ministerio de Trabajo y de Salud. Asimismo, la comisión de prenormalización de nombres geográficos, conformada por once personas representantes de distintas instituciones.

A nuestro entender, Vizcarra se queda corto eliminando organismos que solo le sirven a la izquierda. Por ejemplo, ¿cuántas mesas de concertación de la pobreza existen en las regiones? ¿Cuántas más relacionadas con la mujer, el niño, las comunidades nativas y otros? En el mejor de los casos, mesas organizadas con el presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que sirve para pagar sueldos, alquiler de locales, teléfonos, movilidad, viáticos y papelería. ¿Para qué?

El objetivo de la estrategia de izquierda es convertir a las mesas de diálogo en otro “Estado” que gobierne al margen de la Constitución, las leyes, e instituciones. En el desarrollo de esta estrategia hubo momentos en que el Ejecutivo y el Congreso se rindieron a estas formas de soviet. Veremos hacia adelante.