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Luego de la reunión en Palacio, el presidente Martín Vizcarra y el titular del Legislativo, Pedro Olaechea, señalaron que el diálogo entre ambos tuvo que ver con la necesidad de discutir el proyecto de adelanto general de elecciones con prontitud. Enseguida Olaechea precisó que se acordó que todos los procedimientos iban a tramitarse dentro del marco de la Constitución. Y agregó que se había establecido dos agendas: el adelanto general de elecciones y el asunto de la economía, la productividad, la seguridad y la reconstrucción del norte.
La idea de una agenda entre el Ejecutivo y el Legislativo, alrededor de los acuciantes temas de la gobernabilidad, es una novedad de la política nacional después del referendo pasado. ¿Por qué? Porque desde la consulta popular pasada la única agenda entre ambos poderes del Estado tuvo que ver con la voluntad del Ejecutivo de “gobernar” e incrementar popularidad sobre la base del golpe permanente al Legislativo. Sin embargo, luego de un año de gestión vizcarrista y después del embrollo nacional desatado con la propuesta de adelantar elecciones, la idea de sobrevivir a partir del castigo al Congreso ha terminado. La gente y los resultados de la gobernabilidad no lo toleran más.
Más allá de la responsabilidad de los gobiernos regionales y del propio Ministerio de Salud, por ejemplo, se acaba de conocer que más de 1,800 niños nacidos prematuros han muerto por falta de incubadoras en los hospitales. Esta especie de crimen social y frivolidad puede ser responsabilidad de todos, pero además pone en evidencia que el Estado está al garete, sin conducción. Algo parecido sucede con el abandono de la autoridad democrática del Estado en el sur del Perú, en donde los sectores radicales y colectivistas se han lanzado a desarrollar violencia con el objetivo de paralizar las inversiones de cobre.
El Perú, pues, necesita con urgencia una agenda alternativa a los enfrentamientos Ejecutivo versus Legislativo que, desde el pasado referendo, tienen al presidente Vizcarra a su principal promotor. Por ejemplo, es evidente que la turbulencia política ya comienza a tragarse los activos de la economía que se desarrollan por más de tres décadas. Hoy en el Perú se discute si la economía sobrepasará el 2% de crecimiento del PBI y sin con ese magro crecimiento se estará en condiciones de absorber la demanda de empleo de cerca de 300,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía. Todo indica que estamos demasiado cerca de la recesión y de volver a ser una sociedad que aumenta pobreza.
Asimismo, en el tema de la seguridad ciudadana, las cosas, simplemente, se han descontrolado. El desborde criminal afecta la vida, la salud y la propiedad de ciudadanos y empresas, convirtiéndose en otro factor que contribuye a la lentificación del crecimiento y el desarrollo. Igualmente, en el norte se acumula una convulsión social con el fracaso general del Estado en la reconstrucción del norte devastado por El Niño costero. Los ministerios y los gobiernos regionales —al igual que en el caso de la muerte de los bebés prematuros— se pelotean las responsabilidades, mientras los pobres carecen de viviendas, agua, desagüe y servicios mínimos.
Cualquiera sea el desenlace de la propuesta del adelanto general de elecciones en el Congreso, el Perú entonces necesita otra agenda, la real, la verdadera, que está conectada con los asuntos de la gobernabilidad. En este contexto, es más que evidente la voluntad del oficialismo de seguir huyendo hacia adelante, de pretender ignorar que la conducción del Estado ha sido abandonada como nunca antes sucedió en el último siglo. A reaccionar.
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