¡Las Bambas y las minas del Perú bajo ataque!

La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac liberó a los hermanos Jorge Martín Chávez Sotelo y Frank Martín Chávez Sotelo, y les impuso comparecencia restringida. El mensaje es terrible para los actores que empujan las inversiones y la lucha contra la pobreza: la Constitución y las leyes no se aplican en las zonas adyacentes a las minas, y todo depende de la correlación de fuerzas local y nacional.

Unos días antes el Ministerio de Justicia había aprobado un “protocolo especial para los defensores de los DD.HH.”; es decir, un estatus especial para las ONG que alegan defender los DD.HH. en el Perú. Sucede que en el Perú la mayoría de esas organizaciones tiene filiación marxista. El Instituto de Defensa Legal, por ejemplo, solicitó la liberación de los hermanos Chávez argumentando que no se cumplían las condiciones procesales. Semejante “prolijidad con el debido proceso” contrasta con la voluntad de promover el encarcelamiento de políticos sin acusación ni juicio.

Sin embargo, más allá del evidente yerro del sector Justicia, es evidente que el Ministerio del Interior está cumpliendo a cabalidad las responsabilidades que le encarga la Constitución. La Procuraduría de Interior invocó al Ministerio Público a que impugne el fallo que excarceló a los hermanos Chávez Sotelo. En el Ejecutivo de Vizcarra también hay ministros que piensan en el país y asumen sus responsabilidades con la sociedad.

Ahora bien, ¿por qué es extremadamente grave la liberación de los hermanos Chávez Sotelo? En primer lugar, porque en el conflicto de Las Bambas el diálogo entre el Estado, las comunidades y la empresa ya estaba produciendo resultados constructivos, más allá de los problemas acumulados. Los Chávez Sotelo, en la práctica, han sido los principales promotores del conflicto al elevar artificialmente —hasta convertirlas en inviables— las demandas de las poblaciones, con el objeto de cobrar una “respetable comisión”.

En segundo lugar, la liberación de los Chávez envía un terrible mensaje a todas las zonas de conflictos mineros. ¿Por qué? Aquí no vamos a caer en la simplicidad de atribuir la alta conflictividad social minera solo a los antimineros o a personajes acusados de “extorsión” por la Fiscalía, como los hermanos Chávez. A nuestro entender, el Estado ha abandonado sus responsabilidades en las zonas mineras porque ha fracasado en la redistribución de la renta minera que cobra mediante impuestos. El Estado recauda los impuestos, pero no es capaz de construir carreteras, escuelas ni centros de salud. Semejante situación produce hechos inimaginables, como que las compañías discutan con las comunidades sobre las carreteras a utilizar para transportar el mineral. No sucede el Far West del siglo XIX, sino hoy en el Perú: en el Corredor Minero del Sur, donde se produce cerca del 60% del cobre nacional.

En este contexto aparece el radical antiminero —con agenda ideológica anticapitalista— o el simple extorsionador, que en vez de promover una alianza entre comunidades y empresas para emplazar al Estado que cumpla sus responsabilidades, demoniza a las mineras y le atribuye las responsabilidades del fracaso estatal. Como el antiminero busca detener las inversiones para ralentizar el crecimiento, promover el descontento social y facilitar el regreso de las fórmulas estatistas, desata la violencia buscando cuotas de sangre. Así se bloquearon las inversiones en Conga y el Corredor Minero del Norte. Así también se paralizó Tía María.

La policía se inhibe de cumplir sus funciones de acuerdo a la Constitución y las leyes por temor a la judicialización que promueven las ONG marxistas. Los fiscales y los jueces, igualmente, temen aplicar la ley por temor a las campañas mediáticas de las ONG, ahora con protocolo especial.

Si en este terrible contexto que describimos, la Corte Superior de Apurímac libera a los hermanos Chávez Sotelo, entonces se ha clavado una terrible estocada al proceso de inversión y reducción de pobreza en el país. Terrible.