La comisión de Constitución del Congreso de la R...
La renuncia del Ejecutivo y del presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, a establecer el estado de emergencia en el corredor minero del sur está generando un efecto dominó en las minas, que amenaza paralizar la producción nacional de cobre, justo en el momento en que la libra del metal rojo sobrepasa los US$ 4.50.
La situación de la operación de MMG-Las Bambas se complica, mientras igualmente se agrava la situación de la operación Cuajone. En la primera se pierden cerca de US$ 9 millones diarios por los bloqueos de la carretera; en tanto que en la segunda, más de S/ 8.5 millones diarios por conceptos de canon, regalías y renta, ante la violencia de otras minorías. La minería nacional, entonces, está bajo ataque y el Ejecutivo parece alentar la situación.
Ayer las autoridades del Gobierno Regional de Apurímac (Gore- Apurímac), los alcaldes y los frentes de defensa de las provincias, criticaron con extrema dureza la conducta del presidente de Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, por su negativa a anular las actas firmadas con sectores violentistas de Chumbivilcas durante la reunión desarrollada en esa región entre las autoridades regionales con el PCM.
¿Qué dicen esas actas en general? En ellas el Ejecutivo se compromete a reconocer a estos sectores como parte del área de influencia directa de Las bambas, no obstante que estas zonas se ubican en Cusco, a más de 100 kilómetros de la operación minera en Apurímac. Por otro lado, esas mismas actas promueven que Las Bambas acepte contratos de servicios en base a la extorsión de los bloqueos de carreteras.
La crítica al PCM por parte de las autoridades y dirigentes sociales apurimeños se agrava en extremo con la decisión de los frentes de defensa de siete provincias de Apurímac de plantear un plazo de diez días al Ejecutivo para resolver el problema y restaurar el orden público. De lo contrario se avecina un paro general en la región.
De esta manera la renuncia del Ejecutivo a ejercer la autoridad en la zona ha desatado el caos y el enfrentamiento entre trabajadores y pobladores de diferentes provincias y regiones. La decisión de los apurimeños de enfrentar a las minorías de Chumbivilcas y Espinar en el Cusco, que impiden el tránsito de los minerales en el Corredor Minero del Sur, planteando demandas inviables, se parece a la reacción de los trabajadores de la mina Cuajone, decididos a pelear por su vida y trabajo frente a la violencia radical.
La desesperación de las autoridades y los dirigentes sociales de Apurímac no es por una simple demanda. Tiene que ver con la operación de MMG-Las Bambas, el mayor acontecimiento para los apurimeños en toda la historia republicana. Todos los ciudadanos de Apurímac entienden que hay un antes y un después de la operación minera Las Bambas.
No es para menos, como se dice. Según el informe “Impacto económico y social de Las Bambas” de Macroconsult, MMG-Las Bambas representa el 75% del PBI de Apurímac, el 9% del PBI minero y el 1% del PBI nacional. Las Bambas, una de las diez minas más grandes de cobre del mundo, genera 8,000 empleos directos y más de 75,000 indirectos.
Antes de MMG-Las Bambas, la pobreza en los 84 distritos de la región sobrepasaba el 60% de la población. Después de la inversión minera este flagelo social se redujo por debajo del 40% de la población.
No sería extraño entonces que, en los próximos días, el desgobierno nacional y la renuncia del Ejecutivo a ejercer la Constitución y aplicar las leyes, desate enfrentamientos entre trabajadores y minorías radicales, entre poblaciones desesperadas y minorías de otras regiones.
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