La urgente responsabilidad política del ministro de Energía y Minas

Cuando se señala que el modelo de minería moderna –que se aplica desde tres décadas atrás y que, en gran parte, explica el impresionante proceso de reducción de pobreza del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia– está amenazado por las minorías radicales y por la renuncia del Estado y del Gobierno a ejercer la autoridad democrática, no es una exageración. 

Un solo ejemplo que grafica la tragedia: la inversión minera en promedio está cayendo en 15%, a pesar del superciclo de precios de los minerales, sobre todo el del cobre. En el anterior superciclo, de una década atrás, la inversión en el sector se expandió por encima de 150%.

¿Cómo explicar está tragedia que nos costará demasiado en las próximas décadas? A estas alturas es incuestionable que el Gobierno pretende cambiar el régimen de propiedad minero; y sobre todo, existe el sueño de crear una empresa estatal del cobre a semejanza de PDVSA y la estatización del petróleo en Venezuela, que ha convertido a uno de los países con más reservas petroleras en el más pobre de la región.

Durante los gabinetes Bellido y Vásquez la estrategia gubernamental apuntó a empoderar a las minorías radicales antimineras, mientras el Estado renunciaba a cualquier principio de autoridad. El resultado de esta estrategia se contempla en las paralizaciones de más de 470 días en Las Bambas –una de las diez minas más grandes de cobre del mundo– y los 50 días perdidos de producción en Cuajone. Entre ambas minas suman cerca del 25% de la producción nacional de cobre. 

¿Quién es el responsable político de esta estrategia destructiva? Es incuestionable que el actual ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, asume la responsabilidad política de una situación en que se empodera a las minorías radicales, se renuncia a aplicar la Constitución y las leyes y se promueve la ley de la selva en las zonas mineras. ¿Con qué objeto? Se busca que el sistema de propiedad minera consagrado en la Carta Política, las leyes nacionales y los contratos internacionales, como se dice, queden pintados en la pared.

Es una estrategia que comienza a tener una fuerza destructiva sin precedentes. El Perú es una potencia minera mundial; es el segundo productor del planeta de cobre, plata y zinc, sin embargo, hoy es difícil aseverar que la producción de cobre mantenga sus niveles por la violencia desatada por las minorías radicales. 

El crecimiento económico del 2022 no sobrepasará el 3% del PBI, no obstante que por los precios de los minerales el país debería estar creciendo sobre el 6% anual y debería reducir entre tres y cuatro puntos porcentuales de pobreza cada año. Semejante escenario no es posible por el desplome de la inversión privada a causa de anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, y por la ralentización general de la actividad minera.

Un verdadero crimen contra el país, sobre todo contra los más pobres. Vale recordar que, en el reciente 14 Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre –organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)– se informó que la minería moderna estaría en condiciones de generar más de dos millones de empleos directos e indirectos si es que se concreta la cartera de inversiones mineras de más de US$ 53,000 millones. Igualmente, se señaló que el sector minero podría aportar más de S/ 350,000 millones que posibilitarían cerrar la mayor parte de las brechas de infraestructura.

Por todas estas consideraciones, el titular de Energía y Minas es el responsable directo del desastre y la crisis del sector minero. Un ministro que no es capaz de convencer al Gabinete y movilizar al Estado en la defensa de un sector del cual depende el futuro nacional no debería permanecer un minuto más en el cargo.