La urgencia de revisar el Acuerdo de Colaboración

Desde que empezó la extrema judicialización de la política —que ha envilecido esta actividad y las instituciones hasta extremos no pensados en el Perú— se suele decir que Odebrecht pone y quita presidentes. Para justificar semejante afirmación se menciona la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, los procesos contra los demás ex jefes de Estado, el suicidio de Alan García y la detención de Keiko Fujimori y otros líderes de oposición. Luego de que el presidente Vizcarra manifestara sus reparos al pago de S/ 524 millones a la empresa brasileña por la venta de Chaglla, Jorge Barata lanzó una pedrada contra un cercano colaborador de Vizcarra: César Villanueva habría recibido US$ 60,000 de manera irregular.

Es evidente que la corrupción en el Perú es sistémica y lo atraviesa todo. Nadie lo puede negar. Los casos de Alejandro Toledo y Susana Villarán, por ejemplo, son incuestionables. Sin embargo, la manera cómo Barata y los demás funcionarios de Odebrecht empiezan a administrar la información solo parece tener un objetivo: recuperar los activos de inversiones en el país, que suman más de US$ 4,500 millones. De otro lado, los fiscales Lava Jato, influenciados por la ONG IDL-Reporteros, parecen más interesados en promover la persecución de los líderes de la oposición. Luego del suicidio de García, de alguna manera, recién los fiscales comenzaron a actuar sobre todos los sectores implicados.

Pero en medio de estas observaciones están las diversas críticas al Acuerdo de Colaboración Eficaz entre los fiscales Lava Jato y la empresa Odebrecht: el hecho de incorporar apenas cuatro proyectos y una reparación civil de solo S/ 610 millones a pagarse en 15 años. Las críticas se demostraron más que apropiadas luego de que periodistas ecuatorianos denunciaran que en el Gasoducto del Sur hubo coimas de US$ 3 millones. Vale señalar que en la medida que Odebrecht no habría dicho la verdad sobre esta obra, de acuerdo a la cláusula anticorrupción del contrato del Gasoducto, no tiene derecho a reclamar los US$ 2,000 millones (20 veces más que la reparación civil acordada) que demanda por avances de las obras. Y, según el propio convenio de colaboración eficaz, perdería todos los beneficios conseguidos.

¿A qué vamos? El fiscal supremo, Tomás Aladino Gálvez, en una carta enviada a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, acaba de exigir que se convoque al equipo especial de fiscales Lava Jato para que expliquen los objetivos del Acuerdo con Odebrecht, tal como se acordó en la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, señala la misiva, ha pasado más de una mes y la fiscal de la Nación no ha efectivizado el mencionado acuerdo.

En la mencionada carta, Aladino Gálvez señala que el acuerdo considera la llamada colaboración “progresiva o continúa” que posibilita incorporar hechos que se conocen sin la información proporcionada por los colaboradores. Agrega que en vez de abrirse nuevas investigaciones por los nuevos casos, simplemente se incorporan al acuerdo de colaboración y se mantienen los beneficios de los colaboradores. 

En otro de los puntos, Gálvez señala que el acuerdo se lleva a cabo bajo los criterios de investigar a una organización criminal. Sin embargo, ningún funcionario de Odebrecht —que ha cometido delitos por más de 15 años sobornando a presidentes, ministros de Estado y otros funcionarios— se le imputa ese tipo de delito. Añade que solo a los jefes de Estado, alcaldes de Lima y políticos en general se les procesa por organización criminal.

Si sumamos la carta del fiscal Gálvez a la reciente denuncia del procurador Amando Enco en contra del procurador Jorge Ramírez, por el acuerdo de colaboración y el pago de S/ 524 millones, es evidente que la Junta de Fiscales Supremos debe convocar al término de la distancia al equipo especial de fiscales Lava Jato. La salud de la República, la lucha contra la corrupción y la necesidad de preservar los recursos del Estado lo exigen.