La tragedia del estado-empresario que el Ejecutivo pretende resucitar

En el Perú lo único que ha funcionado en las últimas tres décadas –y de una u otra manera, ha sostenido la viabilidad del país– es el modelo económico, basado en la desregulación de los mercados, la inversión privada y la libertad de precios. Sin embargo, para el Gobierno de Pedro Castillo “el consenso” entre el oficialismo y la oposición pasa por el cambio del modelo económico. ¡Impresionante! Así queda establecido en la misiva, titulada “Consenso por el Perú”, enviada por Pedro Castillo a José Williams, presidente del Legislativo.

En el mencionado documento se proponen el regreso del estado empresario, el fin del papel subsidiario del Estado frente a la actividad privada y acabar con los contratos leyes entre el Estado y el sector privado, que no pueden ser modificados de acuerdos a los efluvios populistas de los caudillos latinoamericanos. Estas normas constitucionales han sido las claves para el regreso de los capitales nacionales e internacionales a la minería, las agroexportaciones, los servicios y el comercio, entre otros. Igualmente han sido las claves para triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia. Sin embargo, el Gobierno pretende erradicar estas claves del crecimiento.

Eliminar el papel subsidiario del Estado frente al sector privado, en el acto, resucitaría el brutal fracaso del Estado empresario que empobreció a los peruanos. Entre 1968 y 1975, según el Instituto Peruano de Economía, se crearon más de 175 empresas estatales que aumentaron las pérdidas de estas empresas de US$ 46 millones a US$ 2,481 millones. El Estado destinó alrededor de US$ 20,000 millones a inversiones en estas empresas, y la deuda pública se incrementó del 15% del PBI a 48% del PBI hasta fines de los años setenta.

Con el Estado empresario no solo los teléfonos y la electricidad eran servicios inalcanzables para los pobres, sino que el Estado se encargaba de vender arroz, leche y otros productos de la canasta básica, con el objeto de controlar “la especulación de los empresarios” que le chupaban la sangre a los pobres. Con estas lógicas se descapitalizaron la minería, el agro, los servicios; y de pronto, la planilla del Estado creó la figura del estado empleador.

El sector privado comenzó una ola de quiebras, en medio de las estatizaciones. Y de repente, el Estado comenzó a convertirse en el principal empleador, a través de empresas sin productividad pero que, sin embargo, declaraban derechos, beneficios sociales y convertían al trabajador en la fuente de toda la riqueza creada. La riqueza se cosechaba con declaraciones y decretos, tal como ahora pretende hacerlo el Gobierno de Castillo. 

A fines de los ochenta un sector privado en quiebra ya no podía solventar los gastos de la superplanilla que se había creado en el Gobierno militar y gracias a los políticos incapaces de reformar la economía. El déficit fiscal se disparó a cerca del 10% del PBI y, de súbito, se desató una inflación que se convirtió en hiperinflación. No importaba cuántos miles de intis (moneda de ese entonces) se tuviese ahorrado, con la hiperinflación, al día siguiente todos amanecían más pobres.

La plata no solo se hacía nada, sino que no había leche, arroz, aceite ni otros productos de la canasta básica. Como en Venezuela, nadie quería producir porque los precios estaban controlados y nadie produce algo para perder dinero. La gente comenzó a comerse a sus perros y gatos y las colas por papel higiénico preludiaron la tragedia venezolana de la actualidad.

El Gobierno de Castillo entonces pretende el regreso de la tragedia. ¿Cómo entender semejante locura? En realidad, en el Gobierno los sectores de Perú Libre y el Movadef pretenden destruir la economía porque es una manera de avanzar hacia la constituyente. Menos inversión privada representa menos empleo y aumento de pobreza. En ese contexto es fácil señalar que el modelo económico es el responsable, e invocar la necesidad de una constituyente para cambiar el régimen económico.